El ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Fernández ya tiene cita con la Justicia. Tal como anticipó Página/12, deberá presentarse en calidad de imputado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para dar explicaciones por las condiciones de privilegio que tuvo el represor Héctor Febres durante su detención en la sede Delta de esa fuerza, calificadas por la propia magistrada como “escandalosas”. Febres fue envenenado con cianuro el 10 de diciembre y a las pocas horas Fernández fue desplazado de su cargo por la presidenta Cristina Kirchner. Este diario había informado que los querellantes pidieron en enero esta declaración indagatoria y la del jefe de la Armada, Jorge Godoy, cuya citación también sería inminente, para que respondiera sobre las vacaciones que pasó en la base naval de Azul el ex prefecto procesado por delitos de lesa humanidad.

Fernández y su antecesor Juan José Beltritti visitaron a Febres mientras estuvo en su departamento de dos ambientes de la sede Delta, según declararon varios testigos. “Tenía muchos conocidos que los visitaban”, aseguró uno de los testigos. Las abogadas Myriam Bregman y Liliana Mazea, en representación de los sobrevivientes de la ESMA Eduardo Fukman y Carlos Lordkipanidse, habían solicitado la declaración indagatoria de ambos porque “en forma reiterada han visitado a Febres en su lugar de custodia, generando y avalando así todas las liberalidades encontradas por Vuestra Señoría a lo largo de este proceso y que permitieron su homicidio”. En su escrito recordaron que la Presidenta removió de su cargo a Fernández “sin que hasta la fecha se tengan noticias de haberse iniciado las acciones pertinentes, dada la gravedad de los hechos en cuestión”. Además, requirieron que se profundizara la investigación respecto de aquellos testigos que dicen haber visto personas que visitaron a Febres con el objetivo de presionarlo y así evitar sus posibles confesiones en el último día de su juicio.

La fiscalía de San Isidro, a cargo de Alberto Gentili, se sumó al pedido de indagatoria de Fernández, quien el 13 de marzo deberá responder por las “irregularidades detectadas en el lugar de detención de Febres”, en la sede que la Prefectura tiene en el Delta. Se le imputarán “al menos tres delitos” relacionados con los privilegios y comodidades de que gozaba el represor: telefonía fija y celular, computadora con Internet, televisor con DVD, uso de las instalaciones para festejos familiares, chofer y visitas sin control ni registro. La jueza también le preguntará sobre sus encuentros con el represor.

Fernández dejó de ser el jefe de la Prefectura por el envenenamiento de Febres, ocurrido en una unidad de esa fuerza que estaba bajo su mando. Sin embargo, también habría influido en su salida la feroz represión que condujo en diciembre contra los trabajadores del Casino de Buenos Aires. Conocedor de temas de narcotráfico, hizo algunos cursos de la agencia antidrogas norteamericana, la DEA.

Como pidieron los querellantes, la jueza Arroyo Salgado evalúa citar también a indagatoria al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy. En su resolución del 3 de diciembre, la magistrada estableció que en el caso hubo una “comunión de intereses” entre la Armada y la Prefectura respecto de la evolución del proceso judicial de Febres, quien estaba a punto de ser condenado por delitos cometidos en su paso por la ESMA. Así como hizo con la Prefectura, la jueza está reconstruyendo la cadena de mandos en la Armada, a partir de las vacaciones que esa fuerza le permitió pasar a Febres en su base de Azul, tal como lo demuestran las fotos que aparecieron en la computadora del represor y que Página/12 publicó el domingo.