El área de los inspectores porteños sigue dando motivos para la sospecha. Esta vez es el área del control de ferias artesanales y mercados instalados en la vía pública, donde uno de sus verificadores vive con custodia policial después de haber denunciado presuntas irregularidades en el manejo de los puestos. El inspector había presentado la denuncia a su jefe, el entonces director de Defensa y Protección del Consumidor, en noviembre de 2007. Incluía cargos por el funcionamiento de puestos sin permisos, la venta de artículos no permitidos, todo ante la vista gorda de los inspectores que lo antecedieron y hasta amenazas de muerte por parte de personal de esa área. Pero su superior, por toda respuesta, lo desplazó de su cargo. Ese funcionario sobrevivió a la gestión Telerman: fue designado precisamente por la administración de Mauricio Macri al frente de la Dirección General de Mercados y Ferias. La defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, firmó una resolución en la que le pide al Ejecutivo una investigación de lo ocurrido. En el gobierno porteño aseguran que los inspectores involucrados fueron separados de sus cargos y se les inició un sumario, pero no dieron más detalles. Pero al margen de eso, quedan dudas acerca de la supervivencia de un sistema de recaudación mediante manejos non sanctos.

El inspector que presentó la denuncia es Jorge Deisernia, quien se incorporó al cuerpo de verificadores en septiembre de 2007. Fue destinado al Parque Los Andes, ubicado en el barrio de Chacarita, para inspeccionar los puestos de la feria que funcionan allí los fines de semana. Durante un mes y medio lo hizo como acompañante del inspector Horacio Barros y en ese lapso vio cómo seguían funcionando sin problemas puestos de venta de CDs regrabados, bajo la pantalla de música de colección, y de venta de ropa deportiva con marcas adulteradas, entre otros. Hasta que el 3 de noviembre último, cuando su jefe estaba ausente, decidió hacer él la inspección: “Detecté 65 irregularidades en 270 puestos”, dijo a Página/12.

Según denunció Deisernia, tras elevar el informe sobre esas faltas, durante el fin de semana siguiente recibió la visita de cuatro funcionarios de su área, quienes le advirtieron: “Hiciste mucho ruido y en el Gobierno de la Ciudad hay códigos. Y el que rompe los códigos es boleta, no sabés con quién te estás metiendo”. Le dijeron que “el informe que presentaste ya está en la basura”. Y como al pasar le preguntaron “¿Vos tenés pibes o familia?”. En la denuncia presentada ante la comisaría 29º están identificados los cuatro funcionarios.

Las irregularidades en la feria del Parque Los Andes quedaron plasmadas en un video filmado por América Noticias a fines de noviembre, emitido el 4 de diciembre. Allí se ve cómo algunos puesteros dan cuenta de que para conseguir un lugar hay que arreglar con los inspectores y se ve cómo una persona agrede a Deisernia y los camarógrafos del canal son corridos por punteros enfurecidos.

Voceros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público –del cual depende el área de mercados y ferias– desestimaron la denuncia. Mediante un comunicado, dijeron que Deisernia no es inspector sino “auxiliar administrativo de verificación, por lo que no tenía facultad para labrar actas para la aplicación de multas, decomisar mercancías y clausurar puestos”. El denunciante sólo había elevado un informe con las irregularidades detectadas.

Desde el ministerio porteño, además, precisaron que el actual director de Ferias y Mercados, Rolando Berón, “realizó una denuncia policial solicitando que se investigaran las irregularidades manifestadas” por el denunciante, “se retiraron las credenciales de inspectores de todos los implicados y se solicitó a la Procuración de la Ciudad la apertura de un sumario administrativo”.

Por lo pronto, a partir de las denuncias de Deisernia se iniciaron dos causas penales, una de ellas por amenazas, en el Juzgado de Instrucción Nº 14. Fue en esa causa que se ordenó una custodia policial para el denunciante, quien ahora quiere ser querellante en la causa. Lo patrocinan los abogados de la Fundación La Alameda, una organización que lucha contra el trabajo esclavo y promueve los emprendimientos cooperativos. La entidad también está en conflicto con el director de Mercados y Ferias, Rolando Berón, quien hace una semana clausuró el mercado comunitario de la Asamblea de Palermo Viejo, en la calle Bonpland, donde convivían experiencias de economía social.

El caso de Parque Los Andes no parece ser el único donde se detectan irregularidades. El artesano Nicolás López, que tiene “medio puesto” en Plaza Francia con sus juegos de ingenio, denuncia maniobras irregulares entre los punteros y armadores de la feria. Menciona el caso de la artesana Elba Ledesma, quien con un fallo judicial a su favor desde hace meses, aún no pudo recuperar su lugar.

Deisernia dijo a este diario que además presentará un recurso de amparo para regularizar su situación laboral: no está contratado, pero presenta facturas por sus servicios, en el marco de un convenio de la Ciudad con la Facultad de Ciencias Económicas, a la que él nunca asistió. Ahora hace dos meses que no cobra, pero tampoco fue formalmente despedido. En el recurso de amparo apelarán al Pacto Interamericano contra la Corrupción, que tiene fuerza de ley en la Argentina.