A dos meses de tomar posesión del cargo, el intendente de Pinamar, Roberto Porretti, quedó al borde de ir a la cárcel en una causa por “extorsión y cohecho” en la que quedó detenido uno de sus principales colaboradores, el jefe de Gabinete Aldo Leonian. La crisis provocó una conmoción política, sólo superada por la que produjo hace 11 años, también en plena temporada de verano, el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Las pruebas contra Porretti y Leonian estarían documentadas en dos videos realizados con cámara oculta. En las imágenes aparecería el jefe de Gabinete sorprendido in fraganti requiriendo el pago de una suma de dinero en concepto de coima (se habla de 90 mil pesos como adelanto de un total de 165 mil) al propietario de un complejo bailable ubicado en las afueras de Pinamar, cerca de las playas de Ostende. En la filmación se mencionaría, como involucrado en el hecho, al intendente Porretti, motivo por el cual la fiscalía había solicitado la detención de los dos funcionarios. Porretti evitó ir preso retirándose con premura de una emisora radial en la que era entrevistado sobre su gestión, segundos antes de que llegara la comisión que iba a detenerlo. Luego pidió la eximición de prisión, solicitud que le permite, por ahora, seguir libre.

La situación que se vivió en la sede de Radio Nativa, donde el intendente estaba siendo entrevistado por el periodista Víctor Gamarra, fue propia de un vodevil. En pleno diálogo radiofónico, con Porretti instalado frente al micrófono, con los auriculares puestos, le llamó la atención las señas desesperadas que le hacía, desde afuera del estudio, uno de los colaboradores del funcionario, su jefe de prensa, Marcelo Luján. Se supone que el vocero, por vía telefónica, había recibido el alerta, dado que poco antes al jefe comunal fueron a detenerlo en la misma sede de la intendencia. Cuando no habían pasado 15 minutos de iniciado el reportaje, Luján le hizo gestos claros de que debían irse de inmediato, ante el estupor del conductor y del propio Porretti, que al principio no lograba entender lo que estaba pasando.

“Quería que cortáramos la nota, pero estábamos hablando y había oyentes al aire. Seguimos cinco minutos más, pero el vocero insistía en cortar. Nos llamó la atención y le pedimos explicaciones. Porretti (luego de hablar con su colaborador) se puso nervioso, nos saludó y se fue”, comentó ante colegas de Pinamar el periodista Gamarra. En la puerta de la radio la escena que se vivió fue de película. Por un lado, el intendente que escapaba en el vehículo oficial, con vidrios polarizados. Por el otro, la fiscal de Dolores Fernanda Hachman, acompañada por tres móviles policiales, llegando a Radio Nativa con la orden de captura en un portafolios. Unos y otros no se tropezaron por segundos.

Porretti, quien según algunos allegados se habría manifestado como “muy sorprendido” por la detención de Leonian y por la orden de captura en su contra, se dirigió sin interrupciones a Valeria del Mar, con el propósito de presentar un pedido de eximición de prisión. De allí en más, Pinamar fue un hervidero. El Concejo Deliberante se reunió para analizar la situación, con la presidencia de su titular, Rafael De Vito, quien asumió en reemplazo del intendente. En la reunión se decidió crear una comisión investigadora que podría resolver la inmediata destitución de Porretti. Incluso se mencionó la posibilidad de hacer un llamado a elecciones en 150 días, alternativa posible que fue rechazada por De Vito, un fuerte empresario de la construcción que apoyó la postulación de Porretti, quien llegó al cargo de intendente por el Frente para la Victoria.

El fiscal general de Dolores, Luis Defelitto, informó a la prensa que en la causa “hay prueba suficiente” contra los dos imputados. “Hay elementos para sospechar que estamos frente a un delito y con elementos suficientes como para haber ordenado las detenciones”. Sobre la situación procesal de ambos, confirmó que Leonian hizo uso de su derecho a negarse a prestar declaración ante la fiscal Hachman de Dolores y que seguirá preso. La fiscal se retiró de su despacho a las 21.45 de ayer y se confirmó que el funcionario fue examinado por médicos forenses, dado que aseguró que se encuentra con un cuadro de hipertensión.

El defensor oficial Fernando Dorcasberro había solicitado que llevaran a su representado al Hospital Municipal de Dolores, pero la fiscal se opuso y ordenó que fuera revisado en la misma sede de la fiscalía. El jefe de Gabinete fue trasladado luego a la comisaría de General Belgrano, una localidad próxima a Dolores. En cuanto a la situación de Porretti, el fiscal general confirmó que había presentado un pedido de eximición de prisión que, en principio, fue rechazado por la Juzgado de Garantías a cargo de la doctora Laura Elías, que entiende en el caso. De todos modos, los abogados del intendente presentaron una apelación ante la Cámara de Garantías, que ahora tiene 48 horas para resolver. Hasta anoche, Porretti no había sido llamado a prestar declaración indagatoria.

Defelitto estimó que todavía queda “mucho caudal probatorio por establecer”, aunque insistió en que hay “suficientes pruebas como para pedir las detenciones”. Aclaró que, hasta el momento, “es un solo comerciante el que hizo la denuncia” y se negó a identificarlo, por “razones de seguridad”. Sostuvo que “no hay varios comercios”, como señalaron algunas versiones. Aunque se eludió dar los nombres, es vox populi en Pinamar que la presentación fue hecha por los propietarios del complejo bailable Ku y El Alma.

El intendente interino de Pinamar, Rafael De Vito, en declaraciones a un portal de Internet, admitió que los cargos contra Porretti son por “extorsión y cohecho”. En forma concreta, “se habla del presunto pedido de pago de 90 mil pesos, de un total de 165 mil para facilitar no sé qué cosa”. La prueba central serían dos videos tomados con cámara oculta en los cuales se vería a Leonian exigiendo el pago y mencionando el nombre de Porretti. Uno de los videos, según pudo saberse en fuentes judiciales, habría sido filmado en un despacho de la Municipalidad de Pinamar. El fiscal general remarcó: “Es el comienzo de la investigación. Hay elementos para sospechar que estamos frente a un delito y tenemos pruebas como para proceder a la detención, pero todavía no son culpables”.

Defelitto confirmó que la libertad del intendente Porretti es fruto de cuestiones accidentales: “Cuando se estaba intentando lograr la detención del intendente, éste no se encontraba en el Palacio Municipal. En el ínterin se presenta un pedido de eximición de prisión en el Juzgado de Garantías”. El fiscal aclaró que, dada la situación, “no puede decirse que el intendente esté prófugo”. Ahora el caso está en la Cámara de Apelaciones, que decidirá si debe seguir en libertad o no.

El ex intendente de Pinamar Blas Altieri, quien perdió las elecciones con Porretti el pasado 28 de octubre, salió al ruedo para hacer leña del árbol caído. Altieri, que alguna vez se declaró “hipermenemista”, dijo que la detención de su reemplazante en el cargo “es una situación lamentable que nos sorprendió a todos” y se aventuró a decir que “hay plena prueba del delito de extorsión”. Anticipó que desde el Concejo Deliberante iba a impulsar la formación de una comisión investigadora. El partido de Altieri comenzó a fogonear la posibilidad de llamar a una elección. Si bien conforme a la ley de acefalía tiene que asumir como interino el titular del Concejo Deliberante, en este caso De Vito, también es cierto que de haber destitución tendría que llamarse a una nueva elección porque todavía quedan más de dos años de mandato.

El jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, reclamó ayer que “se esclarezca” en forma inmediata la situación planteada en el distrito de Pinamar, tras la acusación contra el intendente Porretti. “Esperamos que se esclarezca la situación planteada en Pinamar, para lograr certeza institucional”, dijo Pérez en declaraciones a la prensa (ver aparte). El funcionario provincial anticipó que así la preocupación del gobernador Daniel Scioli, que en una de sus primeras actividades después de la asunción visitó Pinamar y otras ciudades balnearias para tratar de instrumentar medidas tendientes a garantizar la seguridad.

Por la noche, el fiscal Defelitto confirmó que una de las filmaciones presentadas como prueba se hizo en un despacho oficial, según un cable de la agencia DyN. El material filmado fue presentado por los denunciantes, quienes aseguraron que se les había exigido el pago para aprobar la habilitación de los dos locales bailables.