El problema principal de los pequeños y medianos productores agrícolas “dejó de ser el de la concentración de la propiedad de la tierra: ahora el riesgo mayor es la concentración de la tenencia de la tierra”. No es un juego de palabras. La advertencia lanzada por Aldo Casella, especialista en Derecho Agrario y uno de los inspiradores de la ley de arrendamiento que la Federación Agraria Argentina presentó al Congreso, alude a un nuevo tipo de explotación que se extiende como mancha de aceite sobre las pampas: los fideicomisos y pools de siembra. Poderosos grupos financieros, con fondos recolectados entre inversores extranjeros cuyo único objetivo es hacer diferencias en el menor tiempo posible, están apoderándose de las mejores tierras de la Pampa húmeda, pagando precios de alquiler que hacen imposible la participación de los productores tradicionales en la actividad. “Algunos campos en zonas muy ricas, que pueden producir 40 quintales (4 toneladas) por hectárea, hoy se están alquilando a cambio del valor de 20 quintales, con pago anticipado”, relata Casella. “Para el productor tradicional, estos precios son imposibles de pagar”, sostiene. Y agrega que, entre otros cambios de modalidades que la presencia de los poderosos “intrusos” impuso en el mercado, es que todos los contratos de alquiler de campos pasaron a ser anuales. Para un fideicomiso, es un ciclo ideal para realizar ganancias y decidir el próximo paso a seguir. “Para el pequeño productor, la inestabilidad por no tener un horizonte de tres o cinco años es muy grande”, sostiene Casella.

La Ley de Contratos Agrarios vigente hasta 1980, en opinión de la Federación Agraria, equilibraba los intereses y garantizaba una mayor equidad en las relaciones entre propietarios y arrendatarios, a la vez que favorecía la estabilidad de los productores sin desmedro del derecho de los propietarios ni de un adecuado ejercicio de la autonomía contractual. Pero la reforma de 1980 la vació de contenido. Con el indisimulado objetivo de eliminar las disposiciones que tradujeran aquel espíritu, la ley dictada por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz, y firmado por los tres altos jefes de la dictadura militar, favoreció una competencia mercantilista en el uso de la tierra que se dinamizó con el avance de la especulación financiera sobre los sectores productivos.

“Los contratos por un año o por una cosecha se generalizaron, ya es la modalidad más difundida en toda la zona núcleo (corazón de la Pampa húmeda), que es en la que los administradores de fondos de inversión les pueden prometer a los que aportan el capital una rentabilidad asegurada, con un riesgo muy bajo”, señaló el especialista. Los altos precios de los granos han hecho todavía más atractiva, en las últimas temporadas, la especulación de los fondos de inversión, que se han hecho fuertes en la soja y el maíz. En la provincia de La Pampa, sin ser el centro geográfico de su actividad, los pools de siembra se estima que reúnen el 40 por ciento de la cosecha de soja, girasol, maíz y maní.

“Lo grave es que el fenómeno no sólo afectó al viejo chacarero, que fue desplazado, sino a toda la población rural, porque detrás del productor caen los pueblos”, explica Casella. La forma habitual de desempeño del pool de siembra es traer su propio personal contratado, trasladar la maquinaria al lugar sólo para la realización de las tareas y luego que vende la cosecha llevarse el dinero prácticamente sin ningún saldo para la zona. No consumen, no compran insumos y no toman personal ni contratistas locales.

Por otra parte, tanto la Federación Agraria como diversos estudios técnicos aseguran que el uso intensivo de los suelos para obtener un mayor rinde inmediato provoca perjuicios que afectan su productividad futura. Con extensiones de 50 mil a 150 mil hectáreas, cada uno de estos pools representa a miles de campesinos que deben buscar otro horizonte. Tan sólo entre 1998 y 2002, la población de productores se redujo en una cuarta parte, según el censo agropecuario para cada uno de estos años: de 421 mil a 318 mil.

El proyecto de ley de arrendamiento que Casella elaboró junto a la Federación Agraria establece, entre otros puntos, una extensión mínima de cinco años en los contratos y obligaciones del arrendatario de cuidado y uso racional del suelo. Propone darles carácter de contratos promovidos a los celebrados con micro o pequeños empresarios y otorgarles beneficios impositivos tanto al arrendatario como al propietario. En cambio, plantea fijarles una fuerte carga impositiva a los fideicomisos y pools de siembra.

El proyecto, presentado ya hace casi un año en el Congreso, retomó impulso en la última semana. La FAA alienta la participación masiva en su debate y en el posterior control de su cumplimiento, si se aprueba. Por ahora, quienes se han beneficiado del sistema todavía vigente hacen silencio.