Fernando de la Rúa fue procesado por el pago de coimas a los senadores para que aprobaran la ley de Reforma Laboral durante su gobierno. El juez federal Daniel Rafecas consideró que el ex presidente fue “el máximo responsable” de los sobornos, lo embargó por quinientos mil pesos y dispuso que no puede ausentarse de su domicilio por más de 72 horas ni salir del país sin autorización de la Justicia. Para llegar a esta conclusión, el magistrado dio por probada la existencia de una reunión en la Casa Rosada en la que el ex senador radical José Genoud le dijo a De la Rúa que “el justicialismo está necesitando de otras cosas para tratar la ley”, a lo que el entonces presidente respondió: “Eso arréglenlo con (el jefe de la SIDE Fernando) De Santibañes”. Otra vez, los rastreos y cruces telefónicos complicaron la situación de los acusados en esta investigación.

La reunión en Casa de Gobierno fue revelada por el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto cuando confesó haber sido quien retiró de la SIDE los cinco millones de pesos-dólares que luego se repartieron entre senadores de la oposición (4 millones 300 mil) y Genoud (700 mil). Por estos hechos ya están procesados y aguardan el juicio oral el propio Pontaquarto, Genoud, De Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda. Luego de resolver la situación de esos imputados, el juez se dedicó a investigar la responsabilidad de De la Rúa en el hecho. El primer indicio con que contaba era la declaración de Pontaquarto que el ex presidente, por supuesto, desmentía, pero que él mismo y la Cámara Federal habían considerado verídica en relación al retiro del dinero de la Secretaría de Inteligencia y a la posterior entrega en el departamento de Cantarero. De la misma forma que había procedido al investigar a los legisladores y funcionarios, Rafecas buscó corroborar los dichos del “arrepentido” con otras pruebas que respaldaran esa declaración. Y, según se desprende del fallo firmado ayer al que accedió Página/12, las encontró.

Nadie resiste un archivo

Pontaquarto había afirmado que fue a la Casa Rosada con Genoud “la última semana de marzo o la primera de abril de 2000”, luego precisó que debería haber sido un “martes o jueves”. El juez sostuvo que el encuentro debió haberse realizado el jueves 30 de marzo y que se llevó a cabo para que los peronistas tuvieran “garantías de que el propio presidente de la Nación estaba al tanto y aprobaba la ilegal iniciativa”.

Para fijar la fecha de la reunión, el juez rastreó en los archivos periodísticos de esa época. En base a las notas publicadas por Clarín, La Nación y Página/12 encontró que fue exactamente el 31 de marzo cuando se evidenció el cambio de postura tanto del gobierno como de la oposición en relación a la ley de Reforma Laboral.

Desde el 22 de marzo los diarios reflejaron todos los días la “preocupación oficial” por las trabas que el proyecto tenía en el Senado y las críticas del peronismo a la iniciativa. (Fue el 29 de marzo que Hugo Moyano fue a la Comisión de Trabajo del Senado y pronunció la frase que primero pasó inadvertida y luego se convirtió en un símbolo: “Flamarique dijo que para los senadores tenía la Banelco”.) El 30 de marzo se empezó a hablar de una “negociación”, pero el 31 el clima cambió bruscamente: El ministro de Trabajo dio un reportaje en el que aseguró que “en abril vamos a tener una nueva ley laboral” y, a la vez, Alasino (jefe del bloque peronista) sostuvo que “la ley podría aprobarse el mes próximo”. Después de ese día, no hubo noticias sobre el tema por cinco días. “Ello tiene una explicación lógica –dedujo Rafecas–, el tipo de negociación que se desencadenó a partir del mediodía del 30 de marzo de 2000 no se podía compartir con los periodistas.”

El juez sostuvo que fue justamente el 30 de marzo de 2000 al mediodía que se llevó a cabo la reunión en Casa de Gobierno en la que participaron De la Rúa, Genoud, Alasino, Tell, Pontaquarto y luego Flamarique, que destrabó la dura negociación mediante el acuerdo acerca del pago de los sobornos a los conductores del bloque de senadores del PJ. (Alasino era el presidente de los peronistas en la Cámara alta, Tell presidente de la Comisión de Trabajo, en la que estaba trabado el proyecto oficial.) Esta iniciativa, señaló Rafecas, significaba para el oficialismo mucho más que su contenido formal –la flexibilización de las relaciones laborales–, era “un símbolo demostrativo del poder político capitalizado por la creciente administración, esto es, la puesta a prueba acerca de si el gobierno de la Alianza tenía capacidad de gobernabilidad” ante la opinión pública y ante los organismos de multilaterales de crédito (FMI y Banco Mundial), que exigían la aprobación de esa iniciativa.

Decorador de interiores

Otro argumento que tuvo en cuenta Rafecas para dar por probado el relato de Pontaquarto fue el reconocimiento judicial que hizo el ex secretario parlamentario en la Casa de Gobierno. Para el juez, el “arrepentido” se orientó de forma correcta, pese a que aquella reunión, que duró menos de media hora, había sido la única vez que estuvo en ese lugar. Describió, entre otras cosas, la antesala, la chimenea, una mesa con portarretratos y un baño.

En sus varios descargos, De la Rúa insistió con que Pontaquarto había cometido errores e incurrido en contradicciones al describir el mobiliario del despacho presidencial. Finalmente, esta obsesión se le volvió en contra, ya que tres de sus ex colaboradores fueron denunciados por falso testimonio por negar la existencia de un televisor (ver página 4). “De la lectura de los numerosos planteos y descargos de la defensa relacionados con lo recordado por Pontaquarto, pareciera que a éste se le tuviera que exigir una reconstrucción exacta de lo que allí existía. (...) Como si Pontaquarto, en vez de haber estado allí por los motivos que relató hubiese ido como un estudiante de decoración de interiores con permiso para recorrer todo el despacho, a quien luego fueran a examinar para aprobar una materia”, señaló Rafecas.

Las celdas

Los llamados telefónicos se convirtieron en esta causa en una prueba decisiva. Es que las compañías de teléfonos celulares dividen la ciudad en una cuadrícula: cada casillero es una “celda” y se puede detectar desde cuál de ellas (y hacia cuál) se estableció la comunicación. Así, no sólo se puede saber quién, a qué hora y a qué número hizo una llamada, sino también desde dónde la realizó.

Un informe de las comunicaciones entre los otros nueve procesados había permitido a Rafecas confirmar el relato central de Pontaquarto. La pericia confirmó que Alasino, Costanzo, Tell y Branda estuvieron en la celda 52 –que corresponde a la zona del departamento de Cantarero– el 26 de abril de 2000 por la noche, el día que el “arrepentido” dijo que dejó el dinero para que el dueño de casa lo repartiera con sus compañeros de bloque. De hecho, Costanzo tuvo que reconocer que estuvo en la casa de Cantarero porque usó el teléfono de línea de su colega para llamar a varios dirigentes del PJ de Río Negro, su provincia, y a su propio hijo. Tell aseguró que había estado en La Biela (como es cerca de la casa de Cantarero también responde a la celda 52) con Pardo, pero este último lo desmintió.

Ahora, los teléfonos también perjudicaron a De la Rúa:

- Se registró una serie de contactos extraordinarios los días previos al 30 de marzo, mientras se supone se gestaba la reunión. Por ejemplo, el 29, Flamarique recibió dos llamados desde el domicilio particular de De la Rúa. El mismo día, al peronista Costanzo lo contactaron desde la casa del radical Genoud (fue la única comunicación telefónica entre ambos en cinco meses analizados).

- El 30 de marzo a las 12.29 el peronista Tell llamó a su despacho desde la zona de Casa de Gobierno. Al inicio de la comunicación estaba en la celda 327 (Hipólito Yrigoyen y Defensa, Plaza de Mayo) y al final en la 67 (Hipólito Yrigoyen entre Defensa y Bolívar). Ambas son las celdas que se detectan de llamados de personas que incuestionablemente están en Casa de Gobierno, por ejemplo el secretario privado o el edecán del Presidente, cuyas comunicaciones también fueron analizadas.

- El teléfono permitió ubicar a Flamarique el 30 al mediodía en la zona de Plaza de Mayo (en cuatro meses sólo en otras dos ocasiones su teléfono es captado ahí). Pero además, dos horas después de la reunión, el entonces ministro de Trabajo habló cuatro veces con el jefe de la SIDE.

- El 30 de marzo, antes y después del encuentro decisivo, De la Rúa, a través de su secretario privado Leonardo Aiello y el edecán Juan Alberto Macaya (el ex presidente no usaba su celular), se comunicó trece veces con De Santibañes, el único involucrado en la maniobra que no estaba presente en la reunión. El juez destacó que los ocho llamados entre el edecán y el jefe de la SIDE son los únicos detectados entre esos dos teléfonos, con la única excepción de una comunicación el 18 de abril de 2000 por la noche, es decir, el día que Pontaquarto retiró el dinero de la SIDE.

El juez concluyó: “De la prueba telefónica surge que alrededor de las 12.30 del 30 de marzo de 2000, o bien los celulares de los protagonistas ubican a sus portadores en la zona de Casa de Gobierno, o bien resultan transferidos, apagados o dejados en su lugar de trabajo. Mientras que el gran ausente de ese mítin, De Santibañes, estuvo en permanente contacto –trece llamados– con la Casa Rosada”.

En base a estos indicios, Rafecas se inclinó por dar por válido el relato del ex secretario parlamentario: “No se ha dado ninguna contraprueba que desvirtúe la versión de Pontaquarto, ni documental, ni testimonial, ni telefónica, a no ser las negativas que se encierran, no sin agravios permanentes hacia el confeso, tanto de De la Rúa como los demás implicados en la reunión”.

Por otro lado, el juez señaló que era el ex presidente “el denominador común”, el “lazo” entre el ministro de Trabajo (Flamarique), el secretario de Inteligencia (De Santibañes) y el presidente provisional del Senado (Genoud), los tres procesados del lado del Gobierno.

Móviles

Para el juez, el encuentro en la Casa Rosada selló un “pacto” entre las dos partes de la maniobra: los sobornados y los sobornadores: “Es lógico suponer que los futuros cohechados, con Alasino a la cabeza, debían estar absolutamente seguros de que esa maniobra nunca iba a ser denunciada por la contraparte. Era absolutamente fundamental el contar con seguridades en cuanto a que el pacto sería sellado de modo tal que jamás se iba a saber –y menos denunciar públicamente– lo acontecido. (...) Los futuros cohechados querían asegurarse que no sólo el presidente provisional del Senado, no sólo el ministro de Trabajo, no sólo el secretario de Inteligencia estaban al tanto; ellos querían una prueba directa de que el presidente De la Rúa también lo estaba. Querían corroborarlo por sí mismos. Y de la Rúa accedió (nunca se imaginó que años después uno de los escasos cinco partícipes de esa fugaz, secreta y reducida reunión, para colmo de extracción radical, iba a relatar ante la Justicia con lujo de detalles aquel vergonzoso acontecimiento)”.

Aquella tertulia no es la única que analizó Rafecas. El 9 de agosto de 2000, De la Rúa recibió a un grupo de senadores peronistas en Olivos. Esta vez, el encuentro fue público. El escándalo de los sobornos ya había estallado y, como recordó el juez en la resolución, dos días antes Página/12 había publicado una entrevista a Chacho Alvarez en la que el entonces vicepresidente afirmaba: “Si corrió plata en el Senado, sería la decadencia terminal”.

Los peronistas le pidieron al presidente que los desagraviara. Y De la Rúa manifestó a la prensa su “confianza” en el bloque opositor y dijo que las versiones de coimas eran “totalmente absurdas”. Los legisladores que concurrieron a la cita fueron siete, entre ellos los cinco ya procesados en esta causa (Alasino, Costanzo, Cantarero, Tell y Branda). Para Rafecas “el encuentro fue la continuidad, cuatro meses después, de aquel compromiso de De la Rúa, aquel pacto secreto e ignominioso. Tuvo su razón de ser en la búsqueda en común de dejar a salvo la impunidad obtenida hasta el momento”.

El juez concluyó que el papel desempeñado por De la Rúa “en el reparto de tareas propio de una empresa criminal con intervención de varios actores era esencial para lograr el objetivo perseguido” y que (...) “cuanto mayor sea la envergadura del ilícito, tanto más se requiere el papel de aquellos que le asignan a la maniobra ilícita una pátina de legalidad. Una máscara de corrección (en este caso política) que atraiga las miradas de miles de observadores para que, en las sombras, los restantes intervinientes en el ilícito hagan su parte con una mayor cuota de tranquilidad, de modo tal de asegurar el éxito de la empresa criminal y su posterior impunidad. Allí está el ejemplo de los horrores vividos durante la última dictadura militar, los cuales difícilmente se hubieran podido llevar a cabo si paralelamente los perpetradores no hubiesen mantenido una fachada de legalidad y corrección tras la cual se desplegaban los más atroces crímenes conocidos en nuestro país. En nuestro caso, la lógica de la actividad desarrollada por De la Rúa es la misma”.