Un detector de metales en la puerta de entrada del ministerio es una de las primeras señales. Más atrás, un custodio de remera negra abre el paso hasta otro puesto de guardia. Daniel Arroyo está en un segundo piso al que se accede a través de una especie de juego de postas de vigilancia que parecen advertir que la toma del edificio por parte de piqueteros, ocurrida en diciembre, aún no terminó de pasar. El flamante ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires lanzó desde ahí en la última semana un programa de tarjetas magnéticas para los alimentos de los hijos de las madres más pobres, lo que él ahora define como parte de una política nueva que contempla lo social como política de Estado.

–¿Por qué Daniel Scioli presentó las tarjetas como “un cambio revolucionario en la política social” de la provincia?

–Es que es un cambio estructural en la forma de encarar la política social. Desde hace más de una década en la provincia existe un plan social que se llama Plan Vida y Más Vida y consiste en asistir a la población más pobre: hoy hay 750 mil familias, básicamente madres con chicos menores de 6 años, que reciben bolsones o cajas de alimentos. Lo que hacemos es reemplazar el sistema con una tarjeta de débito del Banco Provincia, una tarjeta de hasta 100 pesos que le permite a la madre comprar donde quiere, cualquier tipo de producto, la cantidad y calidad que quiera, excepto bebidas alcohólicas. Esto por un lado provoca un aumento en el poder de compra.

–¿Cuánto valen los bolsones hoy?

–Entre 30 y 32 pesos, de acuerdo con el lugar, con la problemática clásica de estar entregando porotos y polenta en verano, y de no poder entregar los alimentos frescos que necesitan las familias. El nuevo sistema les da libertad a las madres y permite construir alrededor del sistema alimentario toda la temática de salud y educación. No es una tarjeta sola, la madre que recibe la tarjeta tiene que presentar la libreta de vacunación y tres certificados de escolarización al año por cada chico.

–Entendieron que la provincia tiene allí dos grandes problemas.

–Como punto de llegada de nuestro paradigma, apuntamos a generar condiciones mínimas de ciudadanía: que haya un mínimo de calidad alimentaria, de salud y educación. Menos que esto no tiene que tener nadie, por ser ciudadano. Eso marca un cambio de concepto: una cosa es darle algo a alguien como asistencialismo, clientelismo mejor o peor, y otra cosa es reconocer derechos.

–Pero dejaron adentro a las manzaneras.

–Las manzaneras son 42 mil en la provincia de Buenos Aires y están reconvertidas.

–Un ejército difícil de disolver.

–La idea no es disolverlas sino fortalecerlas. Es la red social más importante que tiene la Argentina y, diría, una de las más importantes de América latina. La manzanera es la misma mamá que reparte alimentos y está en la cooperadora de la escuela, participa en el club del barrio, está legitimada por los hechos porque participa.

–En los barrios más pobres, un tema de preocupación son los jóvenes: allí nadie tiene dudas, o terminan muertos o presos. ¿Son conscientes de que parten de esta realidad?

–Con los jóvenes arrancamos y les preguntamos qué hacen dentro de un año, y te dicen “yo voy a encararlo por acá”. Y cuando les preguntás por dentro de cinco años: “Dentro de cinco años voy a estar muerto”. Ellos tienen una clara convicción de eso. Yo trabajo en esta provincia, y lo que tengo que hacer lo tengo que hacer ya. Los jóvenes tiene que construir futuro, el embarazo no es falta de información, es un problema de proyecto de vida. Por eso acá no sirven las fantasías, sino los resultados concretos, acciones que te puedan cambiar la vida.

–¿Qué situación encontró en la provincia al asumir?

–La política social está muy vinculada al contexto. Yo tengo muchas ideas de cómo hacer política social, ahora, si fuera ministro en 2001, muchas de esas ideas las hubiera dejado de lado, y me hubiera dedicado a los comedores y a contener la crisis social. En este contexto en el que tenemos cinco años de crecimiento sostenido, tenemos la gran chance de hacer cambios estructurales. Es una forma distinta de dejar de entregar bolsones y dar créditos masivos, es decir, estamos considerando sujetos de crédito a los que tradicionalmente no lo son.

–El tema de los microcréditos fue una de sus políticas centrales desde el Ministerio de Acción Social nacional, decirlo hace cuatro años era una cosa porque era una propuesta nueva; otra es decirlo ahora, cuando existieron problemas.

–Parto de que 2/3 partes de los pobres de la provincia trabajan y no tienen crédito. Los microcréditos son una política. Ahora mucha de esa población no tiene cultura emprendedora, no tiene primaria completa, no está buscando trabajo y ahí viene el armado y lo novedoso que va a ser juntar capacitación, microcrédito y bolsa de trabajo: elementos que devuelvan a la persona al mundo del trabajo. En el 2004 no se generaba trabajo y había que apuntar a esa forma como generación de trabajo. Hoy el contexto es otro y hay que fortalecer el cuentapropismo y hay que generar trabajo para el 8 por ciento que todavía no entra. La problemática social se fue desplazando lentamente de la pobreza a la desigualdad: la violencia está generada por una persona a la que le va mal y a tres cuadras hay alguien que está despegando, se da una sensación de tensión, ésa de “la ñata contra el vidrio”, que en sociología se llama privación relativa.

–Pero los microcréditos están canalizados por referentes barriales tradicionales, o punteros, y eso dificulta la construcción de ciudadanos.

–Creo que la provincia se reconstruye de abajo hacia arriba, y en el desarrollo local, y hay que descentralizar de verdad. La tarjeta es una forma, nosotros pasamos de una compra central de 500 millones de pesos a que la madre vaya a comprar en su barrio y eso va a mover la economía local. Lo mismo lo trasladamos a todos los planos. Con los microcréditos, uno de los problemas que hay tiene que ver con la asociación, porque la gente prefiere trabajar con los conocidos y eso genera dificultades. La tarea del Estado no es tanto generar la asociación en la producción, sino en la compra y colocación del producto que les va a dar más libertad para trabajar con los que se sienten a gusto.

–¿Y el vínculo con los punteros políticos?

–Tengo una opinión favorable sobre para dónde va la gestión en la provincia. Son 134 municipios con características distintas, pero se generan condiciones para que la política social se convierta en política de Estado. Así como en Educación se logró llegar a un esquema con 6 por ciento de PBI y clases de 180 días al año, también esto de que hay más equipos técnicos en los municipios con gente preparada, con posgrados, terminó con la lógica de poner a alguien que reparta y entregue, en parte porque se va profesionalizando el propio esquema que tiene también nuestro ministerio.

–Una de las críticas al ministerio de Alicia Kirchner fue justamente que la profesionalización y los requisitos del Banco Mundial y el PNUD exigieron mucha planificación a las organizaciones civiles. A algunas les sirvió para pensarse a largo plazo, pero a otras, a los vecinos de las ollas populares y las organizaciones más pequeñas, las aniquiló.

–Es un déficit a cubrir. La política social tiene mucho que ver con la legitimidad y el ciudadano no cree en el ministro de Desarrollo que está lejísimo y al que ve cada tanto. Cree en la manzanera de la vuelta, en el vecino que parece un buen tipo, por eso tenemos que recuperar los líderes barriales, no sólo a las instituciones con personería jurídica, sino a los vecinos de la esquina que no tienen forma de trabajar con nuestro ministerio porque no tienen personería.

–Cien pesos por mes, ¿no es poco?

–Es un refuerzo nutricional, está claro que no cubre la canasta básica alimentaria. Triplica lo que están teniendo como refuerzo y hay que verlo como complemento nutricional de la familia.