Al prestar declaración indagatoria ante el juez Hugo Sastre, el contraalmirante (R) Horacio Mayorga repitió esquemas clásicos. Insistió en la versión de la Armada que sostiene que la Masacre de Trelew se explica por un supuesto intento de fuga, argumentó que cuando dijo “se hizo lo que se tenía que hacer” en un emblemático discurso de septiembre de 1972 pensó sólo en la moral de su tropa y aseguró que la decisión de trasladar a los 19 guerrilleros que habían entregado sus armas a la Base Almirante Zar y no al penal de Rawson fue tomada por el jefe de la Base, Rubén Norberto Paccagnini. Ocurre que el 15 de agosto, al momento de la huida de los militantes del penal de Rawson, el por entonces comandante de Aviación Naval se encontraba embarcado en el portaaviones 25 de Mayo. Así, fue recién al día siguiente que pudo comunicarse con su subordinado para transmitirle por escrito su aval y una serie de medidas de seguridad para el trato de los detenidos que nunca se cumplieron.

Por más de siete horas, en la más extensa de las indagatorias que tomó Sastre desde la reapertura de la investigación, Mayorga aseguró que lo sucedido aquel 22 de agosto fue un intento de fuga frustrado. Así, repitiendo el discurso oficial publicitado por la Armada en 1972, volvió a narrar cómo los detenidos le habrían quitado al capitán de fragata (R) Luis Emilio Sosa la pistola. Sin embargo, según el secretario del juzgado, Mariano Miquelarena, “la cosa se complicó cuando se le pidieron explicaciones sobre el funcionamiento de la pistola ametralladora PAM, dado que es un arma muy difícil de controlar. No se entiende cómo Sosa salió ileso cuando supuestamente estaba en la línea de fuego. No supo qué responder ni cómo fue que se organizaron para levantarse en un lugar donde había entre 1000 y 900 efectivos”. Según admitieron fuentes judiciales, el marino afirmó, en referencia a los tres militantes que lograron sobrevivir, que “si hubiera sido un fusilamiento no quedaba nadie con vida”.

Otro de los puntos sobre los que el juzgado buscó información fue sobre el origen de la decisión del traslado de los prisioneros a la Base Almirante Zar. Y si bien Mayorga no fue el responsable directo, como comandante de Aviación Naval la base estaba bajo su órbita. Es por eso que, ascendiendo en la cadena de mandos, el juzgado libró su orden de detención que se efectivizó el viernes por la noche. Consultado sobre este tema, el marino dijo no haber tomado la decisión, pero reconoció haberla apoyado. Su rol en aquel momento, una vez en tierra firme, fue enviar un manojo de instrucciones de cómo debía actuar la guardia. Allí se especificaba que ante una eventual rebelión no se negociaría ni se canjearían rehenes, que los presos debían salir de a uno del calabozo para comer e ir al baño y que los guardias no podían entrar con armas.

–De haber sido así, Sosa desobedeció sus órdenes –consultaron desde el juzgado.

–Así fue –respondió.

–¿Hubo sanción? –perseveraron.

–No recuerdo –se excusó el hombre de 83 años, quien sólo agregó haber solicitado con insistencia un nuevo traslado por las malas condiciones de seguridad.

El caso de Mayorga, que continúa detenido pero no incomunicado en la seccional local de la Policía Federal, suscitó la mayor de las atenciones por diversos motivos. Uno de ellos es su oscuro historial que incluye su participación en el golpe de 1955 contra Juan Perón, sus estridentes declaraciones y sus reiteradas críticas a la política de derechos humanos del gobierno nacional que le valieron ser sancionado en 2003 por el almirante Godoy. Pero lo más sustancioso es la vocación del juzgado de ascender en la cadena de mandos y no quedarse sólo con los autores materiales del hecho. “Avanzaremos hasta donde corresponda. Acá nunca nos pusimos un límite, al que le toca le toca, y si es conocido mala suerte”, graficó, tajante, Miquelarena.

Informe: Diego González.