La impronta de Jorge “Fino” Palacios signa a la conducción de la Policía Metropolitana (PM). Primero tuvo que dejar el cargo él mismo: elegido por Mauricio Macri como el hombre al que le daría a cuidar a sus hijos, renunció jaqueado por el procesamiento en la causa AMIA. Pasó al frente otro ex Federal, Osvaldo Chamorro, ahora tambaleando por la información sobre políticos encontrada en su computadora en el marco de la causa por espionaje (ver aparte). En medio del revuelo renunció el contador Guillermo Oscar Rodríguez, secretario administrativo de la PM. Página/12 informó el domingo 8 de noviembre que había sido procesado por sobreprecios junto al ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma. “Obviamente al trascender que estaba implicado en la causa dio un paso al costado para no entorpecer la investigación”, informaron en el despacho del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Al anunciar la renuncia de Palacios, Macri y Montenegro dijeron que Chamorro, la mano derecha de Fino, seguiría a cargo de la fuerza destinada a cuidar a los porteños. A medida que avanzaba la causa por las andanzas de Ciro James, el espía de la Federal recomendado por Palacios para ingresar a la Metropolitana, en el macrismo decidieron poner por encima de Chamorro al diputado PRO Eugenio Burzaco, quien asumirá después del 10 de diciembre. El comisario ya estaba golpeado por haber dicho ante el juez Norberto Oyarbide que sólo había hablado dos veces con James, cuando luego se comprobó que lo hacía con mucha frecuencia.

La sucesión de escandaletes no toleraba otro procesado en la cúpula de la nueva policía. El contador Rodríguez se había desempeñado como subsecretario de administración en la Secretaría de Interior durante la gestión de Toma en 1999 y fue designado en la PM por decreto firmado por Macri/Montenegro/Rodríguez Larreta el pasado 21 de abril. La instrucción duró más de diez años y concluyó el 30 de octubre con el fallo de Oyarbide que dictó el procesamiento y el embargo por 300 mil pesos, a cada uno, de Toma y Rodríguez, entre otros. La causa pasó a juicio por el pago de sobreprecios en construcciones y reparación de oficinas que rondaron el 280 por ciento.

La construcción más cara, señalada por Oyarbide, fue la de un puesto en la Triple Frontera, que ascendió a 650 mil pesos. Teniendo en cuenta que para montos que superan los 100 mil pesos se debe llamar a licitación, los hombres de Toma solicitaron una excepción a la Ley de Contabilidad por razones de urgencia. El testimonio de Luis Roberto Gauna, jefe de la Sección Núcleo del Escuadrón 13 de Gendarmería, de donde dependía el puesto en Ruta 12 –Urugua-I– al que se había destinado la “urgente” inversión decidida por Toma y autorizada por Rodríguez, declaró que “hasta octubre del ’99 no había techo ni cabina sobre la ruta, y que en la actualidad (abril de 2003) con fondos de Gendarmería se habría construido el techo, no así las cabinas”. Abundó en que para la iluminación pidieron prestado un reflector a la represa Urugua-I.

La compra directa fundada en la urgencia para satisfacer necesidades de gestión fue el mismo modus operandi aplicado por la Metropolitana. Palacios dispuso y Montenegro avaló la compra directa de patrulleros, motos, uniformes y equipos de control electrónico. Los montos superaron los 2 millones de pesos sólo en móviles. Una cifra irrelevante si se tiene en cuenta que el proyecto preveía la compra no sólo de cincuenta sino de cientos de móviles para controlar las calles. En la Legislatura porteña se presentaron varios pedidos de informes por decisiones que comprometen recursos públicos sin el debido llamado a licitación.

Los hombres de Montenegro informaron que “no hay reemplazo de Rodríguez”. Esperan la asunción de Burzaco, aunque ayer era tal el revuelo por el resultado del peritaje a la computadora de Chamorro que nadie se atrevía a hacer pronósticos. En los corrillos aseguran que el todavía diputado que supo trabajar en la SIDE durante la gestión de Fernando de Santibañes en el gobierno aliancista, devino en experto en seguridad del macrismo y se resintió con el jefe de Gobierno cuando prefirió a Montenegro como ministro, está organizando un viaje a Israel para comprar equipamiento en seguridad. Mientras tanto, los anunciados 800 agentes de la Metropolitana que iban a entrar en funciones a mediados de octubre siguen postergando su debut. Sobre las competencias que adquirieron bajo la dirección de una cúpula especializada en espionaje también se multiplican los reparos en la Legislatura.

En este contexto, el encuentro de Macri con el rey Juan Carlos de España había llegado en un día inoportuno: ¿cómo explicar que el hombre a cargo de la nueva policía hurgaba en el patrimonio y el estado financiero no sólo de legisladores de la oposición sino del propio jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta?