Desde Lima

La crisis diplomática entre Perú y Chile sigue agravándose como consecuencia del caso del suboficial de la fuerza aérea peruana, Víctor Ariza, acusado de espiar para Santiago. Ayer, el presidente Alan García acusó a Chile de “atentar contra la soberanía del Perú” con este acto de espionaje, el que calificó como “un acto repulsivo que no corresponde a un país democrático”. Sin embargo, el presidente peruano matizó sus acusaciones aclarando que no señalaba a la presidenta Michelle Bachelet de ser la responsable del espionaje. “Queremos creer que esto que ha pasado es parte de algunos sectores (chilenos) que todavía conservan las costumbres dictatoriales y pinochetistas y no del gobierno (de Chile) en su conjunto”, señaló García, quien aseguró que este hecho afecta la unidad sudamericana y “deja muy mal parado a Chile ante el mundo”.

En su breve mensaje dado en el Palacio de Gobierno luego de reunirse con el Consejo de Seguridad nacional, García exigió al gobierno de Bachelet investigar el caso. Pero su exigencia no encontró eco en Santiago. “No aceptamos imputaciones de ninguna clase. Chile no tiene nada que ver con este caso”, fue la respuesta del canciller chileno, Mariano Fernández, quien dijo que su gobierno no tiene nada que investigar.

Aunque Chile niega cualquier vinculación con el militar peruano detenido por vender secretos militares a ese país, el gobierno de Lima asegura tener las pruebas –pagos girados al espía peruano desde Santiago y correos electrónicos intercambiados entre el militar peruano y sus contactos chilenos– que confirman el espionaje y la entrega de información a Chile, y anunció que entregará esa información al gobierno chileno para que investigue el caso y a la Interpol para que verifique que el espionaje sí se produjo. García calificó el espionaje como un acto de “debilidad” y de “temor” de Chile. “Solamente el que se siente menos espía”, lanzó García, quien recordó, como un antecedente, el caso de espionaje chileno al consulado argentino de Punta Arenas, ocurrido en noviembre de 2003. Con este recuerdo, García pretendió dejar sin piso la respuesta del gobierno chileno, que asegura que ese país no practica el espionaje.

Según ha trascendido, el suboficial Víctor Ariza, que habría sido reclutado por Chile hace siete años, no habría actuado solo. Otros miembros de la fuerza aérea peruana están siendo investigados en relación con este caso de espionaje. Ariza habría sido investigado desde 2007, pero, por alguna razón que la fuerza aérea no ha explicado, el caso se encarpetó hasta este año. Las autoridades peruanas incautaron la computadora de Ariza y documentos que tenía en su poder, donde se habría encontrado información sobre los pagos hechos a Ariza desde Chile y correos electrónicos que confirmarían el espionaje. Ha trascendido que Ariza, que como suboficial recibía un sueldo mensual de 660 dólares, habría cobrado tres mil dólares mensuales por su labor de espía, además de pagos extraordinarios, que llegaban hasta los diez mil dólares, según la calidad de la información que entregaba.

Ariza fue detenido el 30 de octubre, pero el caso recién se conoció el jueves 12, en momentos en que Alan García se encontraba fuera del Perú, asistiendo a la cumbre presidencial del Foro Económico Asia-Pacífico en Singapur, donde coincidió con Bachelet. No se ha aclarado si cuando García viajó ya estaba informado del tema o si se enteró recién cuando el caso de espionaje se hizo público. Si el presidente no fue informado, eso revelaría un serio conflicto entre el gobierno y las fuerzas armadas, que habrían ocultado esa información para filtrarla a la prensa cuando García estaba fuera del país. Y si García estaba al tanto del caso de espionaje desde un inicio, se mantiene sin explicación quién y por qué –y si el presidente estaba informado o no de esa filtración– hizo público el caso precisamente cuando el presidente peruano se iba a reunir con su par chilena. La revelación no sólo frustró la cita entre ambos, sino que también les ha dado a los militares argumentos para presionar por la compra de armas. Aunque con este caso de espionaje, que demoraron siete años en desbaratar, los militares han visto golpeada su imagen, el asunto ha favorecido a los sectores castrenses interesados en incrementar la compra de armamento. Y el presidente García ha usado el caso de espionaje como una oportunidad de ganar apoyo apelando a la defensa de la soberanía nacional, en momentos en que su gobierno enfrenta un creciente descontento y protestas sociales.