Los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro –uno detenido y el otro investigado– también pidieron información financiera sobre Carlos Deciani, un supervisor de escuelas, militante del gremio UTE-Ctera. Lo hicieron mediante el sistema Nosis, al que estaban suscriptos a través de la consultora de Palacios, Strategic Security Consultancy, y que les sirvió para acopiar datos también sobre legisladores de la oposición y hasta del jefe de Gabinete macrista. El de Deciani es el primer caso concreto en la causa judicial que da sustento a la denuncia de espionaje a los trabajadores de la educación que viene haciendo UTE desde que estalló el escándalo. Y sobre todo desde que se confirmó que Ciro James –personaje clave en las escuchas ilegales investigadas por el juez Norberto Oyarbide– fue contratado en el Ministerio de Educación porteño en mayo del año pasado, por 6000 pesos mensuales, para supuestas tareas de asesoría legal por las que, sin embargo, jamás firmó dictamen o informe escrito alguno. James era muy cercano a Palacios, con quien tuvo dos meses antes de su detención, más de 160 comunicaciones telefónicas. Ningún funcionario porteño explicó hasta ahora qué hacía James en Educación.