La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú recibió con “decepción” la reunión llevada a cabo ayer en Olivos, entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par uruguayo José Mujica. Esperaban mayores definiciones de las que surgieron del primer encuentro para encauzar la relación bilateral, trabada desde hace cuatro años por el conflicto con la pastera UPM-Botnia. Tras la crítica proclama emitida durante la movilización del pasado domingo, el sector “duro” de la Asamblea rechazó que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se haga cargo de los monitoreos y se mostraron contrariados porque, a su entender, ambos mandatarios hablaron “como si el conflicto hubiera terminado”. Con todo, hubo un sector de los asambleístas que recibió con satisfacción la intención de ambos gobiernos de iniciar el proceso de vigilancia ambiental sobre la pastera tal como lo dictaminó la Corte de Justicia de La Haya, aunque esperan que se traduzca en acciones concretas.

“Esperábamos algo que aclare más el panorama”, le dijo el asambleísta Gustavo Rivollier a Página/12. Las expectativas en Gualeguaychú estaban centradas en una definición acerca de cómo se realizarán de ahora en más los controles ambientales sobre la pastera. “Habrá que esperar y ver cómo es el comportamiento de Uruguay”, refirió el ambientalista acerca del reclamo para que Argentina pueda tomar sus propias mediciones de los niveles de contaminación dentro de la pastera, algo que hasta ahora les estuvo vedado.

De acuerdo al veredicto de La Haya, la CARU es la autoridad binacional encargada de los controles, por lo que “si Botnia no acata, Uruguay lo tiene que obligar” subrayó Rivollier. “No me llamaría la atención que Botnia arruine la negociación de nuevo”, recordó el asambleísta sobre el episodio ocurrido en 2006 cuando Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez acordaron suspender por 90 días la construcción de la planta de celulosa a cambio de que los vecinos liberaran el corte de ruta, negociación que terminó naufragando por la negativa de la empresa.

En el mismo sentido, Luis Leissa, abogado de la Asamblea, sostuvo que les preocupa “el borrón y cuenta nueva”, aunque destacó que se retome el diálogo entre ambos países, a pesar de que “a Mujica sólo le importa el corte”. El abogado confía en que Uruguay reconocerá la competencia del juzgado entrerriano que llamó a indagatoria a los directivos de Botnia por el delito de contaminación, además de monitorear la planta “desde adentro” a través de una “comisión de técnicos independientes y en forma transpararente”. Leissa afirmó además que las energías ahora deben estar puestas en recolectar nuevas evidencias bajo esta metodología, y le confirmó a Página/12 que recibieron los pruebas presentadas por la Cancillería argentina para examinarlas en los próximos días.

Por el contrario, el asambleísta José Pouler afirmó que “Mujica ha demostrado que el nuevo gobierno uruguayo es traidor y corrupto”, al avalar “las ilegalidades cometidas para que se instalara Botnia”. Tampoco ahorró críticas para el gobierno argentino al sostener que “está en condiciones de tener una postura de firmeza que no ha demostrado” en la reunión llevada a cabo ayer. El asambleísta advirtió que “los presidentes dicen que el conflicto ya fue, que hablemos de otros proyectos comunes, pero Argentina termina avalando un emprendimiento ilegal”, señaló. En ese sentido agregó que “así como creemos que no podemos confiar en Cancillería ni en Medio Ambiente, creo que tampoco podemos confiar en la CARU” para realizar los controles en Botnia. La postura de Pouler refuerza el núcleo más duro de los ambientalistas que en línea con la proclama leída el domingo rechazan el monitoreo conjunto a través de ese organismo.

En tanto, Lylian Melnik, también asambleísta, subrayó que a pesar de que ambos mandatarios “quieren poner un punto final” tras la sentencia de La Haya, “la última palabra la tenemos nosotros”. “Mujica dice que desde ahora cumplirán las leyes, cuando precisamente el origen del conflicto fue porque no se cumplieron los acuerdos binacionales”, indicó. Al señalar la exposición de los mandatarios tras la reunión de ayer, Melnik destacó que “evidentemente ambos presidentes no tomaron nota de que lo que pasó el domingo en el puente internacional”, en referencia a la multitudinaria marcha que protagonizó la comunidad de Gualeguaychú en apoyo al reclamo. “El plan de vigilancia de Botnia por parte de la CARU es una trampa enorme para que la planta se quede”, concluyó.

Al cierre de esta edición, los ambientalistas decidían acerca de establecer la fecha para la asamblea ampliada en la que discutirán el futuro del corte de ruta en Arroyo Verde o llamar a un cuarto intermedio para la próxima semana a la espera de las decisiones que tomarán ambos gobiernos con respecto a los monitoreos de contaminación.

Informe: Gabriel Morini.