La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras. “Queremos dar un instrumento que asegure que los recursos naturales, que van a ser vitales para el siglo XXI, sigan precisamente en órbita y competencia nacional, algo que no significa desalentar la inversión extranjera. Hay modelos a mirar, como en Brasil. No vamos a inventar nada”, manifestó la mandataria durante el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento. Desde el Ministerio de Agricultura indicaron a Página/12 que la iniciativa “está casi concluida” y que no sólo apuntará contra la extranjerización sino que también se propondría la regularización dominial de las tierras, nuevas formas de contrato rurales y la promoción para los agricultores familiares.

Según datos de la Federación Agraria Argentina (FAA), el 10 por ciento del territorio nacional estaría en manos de propietarios extranjeros. En la región patagónica ya es conocido el caso de la familia Benetton, quien tiene en su poder aproximadamente 900.000 hectáreas. En la misma zona está el magnate de los medios Ted Turner, fundador de CNN, con más de 50.000 hectáreas, mientras que el empresario Douglas Tompkins, además de tener propiedades en el sur del país, adquirió tierras en los esteros del Iberá, donde se encuentran las reservas más relevantes de agua potable. El tema de la extranjerización, planteado ayer por Fernández de Kirchner, tiene que ver con la concentración de la tierra y la protección de los recursos naturales.

“Tiene que ser una norma inteligente y cuidada, ni xenofóbica ni chauvinista para que nadie se confunda. No hay que desalentar inversiones, sino que debemos garantizar que nuestros recursos naturales sigan estando bajo la órbita nacional”, manifestó la Presidenta.

El tema de la extranjerización de la tierra y sus controles no es nuevo. En el Congreso hay más de ocho proyectos presentados por diferentes bloques parlamentarios, aunque hasta el momento ninguno obtuvo dictamen favorable. La mandataria introdujo este tema casi al final de su discurso, luego de que un legislador interrumpiera su alocución.

–¿Cómo es su nombre, diputado? –preguntó Fernández de Kirchner.

–Orsolini –respondió el legislador.

–Es de la Federación Agraria –gritaron desde el sector donde se ubica habitualmente el FpV.

–No importa, si dice algo interesante, por más que sea de donde sea, aunque no me guste, tengo que escucharlo. Por eso le digo, diputado, que vamos a enviar la ley de Propiedad de la Tierra en la República Argentina –manifestó la mandataria.

Uno de los bloques que presentó un proyecto fue Solidaridad e Igualdad (SI), hoy alineado con Proyecto Sur de Pino Solanas. “Me parece fundamental que los legisladores nos comprometamos todos a trabajarlo y a sancionarlo en 2011. Es un tema que hace mucho tiempo preocupa al país y la cantidad de tierra que hay en manos de extranjeros puede presentar una amenaza a la soberanía nacional, sobre todo aquellas que se encuentran en zonas de seguridad fronteriza”, manifestó Verónica Benas (SI).

El Ministerio de Agricultura, a cargo de Julián Domínguez, trabajó este tema durante todo el año pasado. Según indicaron fuentes de esta cartera a Página/12, la iniciativa “estaría casi terminada”. Agricultura también trabajó sobre un nuevo régimen de arrendamiento, para atender las necesidades de los pequeños productores. Según fuentes oficiales, la iniciativa final que se presentaría en el Parlamento incluirá varias aristas y no sólo lo referido a la extranjerización.

En agosto del año pasado, durante un encuentro del Consejo Federal Agropecuario (CFA), los distintos ministros de agricultura de las provincias acordaron avanzar en un nuevo régimen de contratos rurales y la regularización dominial. “La idea es defender al nuevo sujeto agrario, el arrendatario. Esa es una necesidad que manifestaron todas las provincias”, indicó en ese momento Roberto Schunk, ministro de Agricultura de Entre Ríos.

Los lineamientos que se están manejando llevarían los plazos mínimos de alquiler a cuatro o cinco años, se restringirían los arriendos por cosecha, se limitaría la capacidad de unidades económicas que pueden alquilarse sobre todo a los pools de siembra, y se buscará proteger a los agricultores familiares.

“Está bastante avanzado, será algo integral, que incluirá un muestreo de todos los productores para determinar quiénes son propietarios y quiénes tienen problemas dominiales, además se trabajará juntamente con las provincias y se pensará un esquema para ayudar a los agricultores familiares”, indicaron a este diario fuentes gubernamentales.

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