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“Queremos enviar el Estatuto del Peón Rural”, afirmó ayer la presidenta, Cristina Fernández, en la apertura de las sesiones legislativas. En uno de los tantos temas de agenda para 2011 que planteó la mandataria, el nuevo régimen de trabajo agrario es de los más sensibles, a la luz de numerosos casos descubiertos recientemente de trabajo esclavo. Sin embargo, esas situaciones condenables no son denominador común en el sector agrario, y aun así la gran mayoría de los trabajadores no está registrada o se desempeña en condiciones precarias. Ese esquema de trabajo agrario pretende modificar la ley que busca impulsar el Gobierno.

Al menos un millón de personas se ocupan a lo largo del año de forma permanente o transitoria en el agro, con una tasa de informalidad cercana al 70 por ciento. Además, el salario de los trabajadores registrados en muchos casos se encuentra por debajo del mínimo vital y móvil que establece la ley, por lo que la situación salarial en el caso de los trabajadores “en negro” es esperable que sea aún peor. Otra fuente de precariedad laboral es el trabajo temporario.

La delicada situación laboral en el sector se explica por muchos factores, uno de los cuales es la legislación. La actual ley que regula el trabajo rural es de la dictadura. Esa norma dejó afuera a los trabajadores agrarios de la Ley de Contrato de Trabajo y creó el Registro de los Trabajadores Rurales (Renatre), compuesto por las cuatro entidades patronales y el gremio Uatre, encabezado por Gerónimo “Momo” Venegas, ahora inmerso en el escándalo de la mafia de los medicamentos. El Gobierno presentó en junio del año pasado el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario, que propone que el Renatre pase a la órbita del Ministerio de Trabajo. La iniciativa pretende ponerles fin a las jornadas de “sol a sol”, impulsar mejoras en las condiciones de vivienda y alimentación de los trabajadores en casos donde éstos sean provistos por los empleadores.

En su momento las entidades se opusieron. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), principal miembro de CRA, criticó el “peligroso avance del Ejecutivo”, que pondría en peligro “la seguridad jurídica”. El diputado Pablo Orsolini (UCR) consideró que “son revanchas que se quiere tomar el Gobierno”. El proyecto de ley enviado al Parlamento no avanzó en ninguna de las comisiones a las cuales fue girado (Legislación Laboral, Seguridad Social y Presupuesto).

“Hemos aprendido que la servidumbre humana no se reduce a condiciones que tienen que ver con sexualidad, sino que se relaciona con ganarse la vida de jóvenes o de niños”, analizó Cristina ayer. “La Ley del Peón Rural busca modificar esto. Que el control que está en cabeza de los dirigentes sindicales, que parecen no haber controlado demasiado cómo estaba la servidumbre humana en su sector, vuelva al Estado, porque debemos terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo”, enfatizó.