La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también le solicitó ayer al Congreso la aprobación del proyecto de Ley Penal Tributaria. “Por favor, traten la ley que envié para que quienes evadan vayan presos”, aseguró la primera mandataria. El proyecto busca modificar la ley 24.769. Se concentra sobre los grandes evasores y elimina la posibilidad de liberarse de la carga a partir del pago de la obligación. “El proyecto tiende a la penalización efectiva de las conductas de evasión”, sostuvo en marzo del año pasado, Ricardo Echegaray, cuando presentó detalles de la iniciativa.

Una de las reformas pasa por la actualización del piso desde el cual se considera el acto como delictivo. En la ley 24.769 es de 100 mil pesos por impuesto por año. Ahora sería de un millón por todos los impuestos por año. Además, incluye los tributos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires mayores a 100 mil pesos por impuesto por año, en donde actualmente no hay pena prevista. Las penas establecidas se mantienen: de 2 a 6 años para evasión simple y de 3 años y medio a 9 años para la defraudación agravada.

La finalidad del proyecto es que pueda hacer foco en las causas de mayor relevancia económica, descomprimir los juzgados de casos menores y redoblar esfuerzos en la búsqueda de sentencias condenatorias de grandes evasores. Además, en la AFIP afirman que la modificación no va a crear incentivos para evadir por pequeños montos, puesto que las sanciones económicas previstas son muy duras, entre 2 y 10 veces el monto evadido. Hasta comienzos del año pasado, de las 14.501 causas que motivó la legislación actual, sólo 234 tenía condena (1,6 por ciento), 1751 estaban con procesamiento y 3856 en indagatoria.