El ministro Casal me atribuyó haberlo difamado por afirmar que actuó en seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Copias de su legajo fueron distribuidas durante la campaña electoral de 2009 por Francisco De Narváez y fuentes oficiales confirmaron su autenticidad. Según mi nota “Atando cabos”, del 27 de junio pasado, ingresó como guardia, en 1978 fue ascendido a cabo y desde 1980 fue adjuntor. En 1981, la resolución III Nº 787/81 lo convirtió en subalcaide del escalafón técnico y profesional, es decir personal superior con rango de oficial. Recién pidió su baja como penitenciario en 1992, con el grado de alcaide mayor. La nota incluía el descargo de Casal: “Sostiene que nunca cumplió tareas de guardiacárcel y que pasó esos años en dependencias administrativas, a cargo de la liquidación de sueldos, mientras realizaba sus estudios de abogacía”. También decía que su nombre no fue mencionado en las audiencias del juicio por los crímenes cometidos en la cárcel de La Plata durante la dictadura militar por sus compañeros de entonces. También narré que en 1992 la revista del Servicio homenajeó a su jefe durante la dictadura, el coronel del Ejército Fernando Aníbal Guillén, cuando Casal era asesor del Subsecretario de Justicia, su socio Joaquín Da Rocha. Decía que el periodo de Guillén fue “de transformación institucional para el organismo penitenciario provincial, exteriorizado en un crecimiento material cuantitativo, pero fundamentalmente en superación y evolución cualitativa de la institución. Y mucho de ello es mérito del desaparecido ex jefe del Servicio”. La insistencia de Casal y los medios que le responden por utilizarme para politizar cualquier debate sobre su gestión, presentado como una inexistente confrontación con el gobierno nacional, del que no formo parte, sólo procura ocultar lo inocultable: incremento del 50 por ciento de homicidios dolosos (884 cuando asumió, en 2007, 564 sólo en el primer semestre de 2010, según datos oficiales de la Procuración General Bonaerense), escalada de asesinatos por la espalda de chicos de los barrios pobres reclutados por la policía para robar, desaparición de varios de ellos, como Luciano Arruga, violaciones masivas de derechos humanos en las cárceles, fugas de peligrosos delincuentes alojados en comisarías, conversión del SPB en una organización criminal dedicada al robo, desguace y venta de autos y al tráfico de estupefacientes, mientras uno de sus hombres conduce por primera vez en la historia la Justicia y la Seguridad.