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La iniciativa siempre rinde en política. Sorprender al adversario otorga ventajas, así sean transitorias. Marcela y Felipe Noble Herrera contradijeron su obstruccionismo de años y dejaron estupefactos a quienes bregan por verdad y justicia. Desistieron (al no presentarlo) de un recurso extraordinario. Y añadieron una pieza procesal asombrosa: una renuncia a derechos que les confería la sentencia de la Cámara de Casación. Una renuncia que habrá que mirar con lupa, como ya se dirá.

El estupor de las contrapartes no impidió que Estela de Carlotto, como es norma, diera en la tecla. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo destacó, presta, lo esencial: “Es una buena noticia”. Los chicaneros eternos se avenían a permitir una medida de prueba sencilla, la extracción de muestras de sangre para obtener su ADN. Rehusaron hacerlo, cooptaron al juez Conrado Bergesio, se victimizaron...

Una pregunta ineludible es por qué lo hicieron. Se podrá decir que iban hacia una derrota en la Corte Suprema. Era imposible que el máximo Tribunal contradijera sentencias previas de tres instancias ordenando la extracción, quedar a su derecha en materia de derechos humanos. Y era casi imposible que convalidara el patético invento de Casación de restringir la comparación a un número contado de casos. Pero la estrategia de la familia Noble Herrera y del Grupo Clarín fue siempre demorar. Y, estima el cronista con buena información, era muy dudoso que la Corte dictara sentencia pronto, antes de las elecciones, tan siquiera en este año. Los plazos siempre son largos. Y, principalmente, la estrategia de los Supremos 2011 era y es interferir lo menos posible en el escenario político. Lo viene consiguiendo, raro hubiera sido que se apurara para definir un pleito de tamaña resonancia.

Así las cosas, las posibilidades parecen bifurcarse en dos líneas. La primera es el agotamiento de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Puede pensarse que llevan diez años de desgaste pero, si se observa bien, éstos se dividen en etapas diferentes. Hasta hace dos años, el juicio concitaba la atención de minorías activas pero contaba poco en la agenda pública más masiva. Desde la discusión de la ley de medios sucedió un cambio cualitativo. El tema escaló en el Agora, pasó a formar parte de las tertulias de café y de los medios, sus protagonistas cobraron una visibilidad impensable. Tal vez esa carga y la relativa inminencia de otra resolución en contra motivó un cambio de conducta.

La otra hipótesis sería que el viraje es una jugada política, quizá fundada en la certeza de que no hay (por ahora) ADN de personas desaparecidas compatibles con el de los Noble Herrera. La duda, entonces, sería cómo se llegó a esa certeza o por qué se arribó ahora.

Entre tanto, los abogados querellantes enfrentan una duda grave. Dedujeron recurso extraordinario, ¿deben desistirlo? La respuesta no es simple porque los abogados de los Noble Herrera no escribieron con todas las letras que aceptan que las muestras queden en el Banco de Datos Genéticos sino que aceptan compararlas con las hoy existentes. Es un planteo contra lo que marca la ley, pero es su compromiso. Podrían haber sido más precisos, diciendo que se sometían a las sentencias de primera instancia o de Cámara. Se cuidaron de dejarlo escrito, lo que forzará a los abogados de las víctimas a irse con pies de plomo.

En cualquier caso, al deponer su recurso, los Noble Herrera consintieron la sentencia. Es cosa juzgada que su reticencia a otorgar muestras de sangre es injusta. Que los trámites de las guardas que precedieron a las adopciones estuvieron plagados de ilegalidades: testigos falsos, instrumentos públicos adulterados, declaraciones mendaces de Herrera de Noble. Esas prácticas constituyen delitos, que estarían prescriptos si no hubieran estado vinculados a crímenes de lesa humanidad. Ese aspecto todavía se ignora pero, aun si no se probara, la conducta de Herrera de Noble (según sentencia firme) violó reglas legales y éticas. Y la demora de sus hijos adoptivos a prestarse a una medida de prueba fue injustificable.

Mucho queda por hacerse, muchas consecuencias son irreparables. Pero lo probado y lo conseguido no son poco. La brutalidad del poder, su fanática propensión a la ilegalidad, su nulo apego a reglas de convivencia o jurídicas ya son cosa juzgada.