La causa de los hermanos Ramírez pasó del juzgado de Daniel Rafecas a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El traspaso encierra algunas claves para entender por qué hasta ahora no avanzó y cuáles son las características que lo hacen atípico. En general, los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura o aquellos arrebatados a las familias en los operativos siguieron dos caminos: o fueron apropiados por militares o allegados o pasaron por un hogar de huérfanos y luego pasaron a nuevas familias después de un blanqueo, en general no regular, de un juez de Menores. María y sus hermanos se quedaron en el medio: no pasaron a una nueva familia, sino que con la intervención de la jueza Marta Pons se quedaron en el Hogar Casa de Belén. No fueron los únicos. El matrimonio se apropió de ellos porque les cambió el nombre. Hasta ahora no se descubrió que hayan sido militares, pero lo que sí se sabe es que la jueza Pons estuvo a cargo del trámite inicial, rompió los papeles de origen y cuando uno de los familiares logró llegar hasta ella le dijo que no sabía nada sobre el paradero de los niños. Lo que se discutió en el expediente desde el comienzo es si el caso está prescripto o puede ser leído como de lesa humanidad. Para algunos funcionarios judiciales tiene peso el hecho de que los autores de los delitos no hayan sido funcionarios públicos (los dueños del Hogar Belén no lo eran). O que el hecho haya sido “aislado” o “sistemático”. Una resolución de la Cámara de Casación por una causa de violencia sexual abordó hace unas semanas esta discusión. El camarista Gustavo Hornos dijo que el hecho de que los delitos hayan sido “realizados, o no, a gran escala, de modo generalizado o sistemático, con habitualidad, o cualquier otra expresión equivalente no constituye obstáculo alguno para su calificación como crímenes de lesa humanidad”, porque lo que importa es el contexto del ataque generalizado, de la dictadura que hizo posible esa conducta. La Justicia Federal de Lomas y el fiscal federal Alberto Gentile venían investigando los expedientes del juzgado de Pons, allanaron el Hogar Belén y acumularon ahora la causa de María y sus hermanos, que impulsa como querellante el abogado Luis Valenga. Esa es la línea que también entiende más pertinente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración: “Fue muy conveniente que la causa por los delitos sufridos por María Ramírez y sus hermanos se acumulara al expediente de Lomas de Zamora en el que se investigan todos los delitos de apropiación que se habrían cometido con la intervención del Juzgado de Menores Nº 1 de Lomas de Zamora, entonces a cargo de la ya fallecida jueza Pons. Parte importante de esa causa se ciñe a los delitos cometidos en torno del Hogar Casa de Belén. Una investigación que alcance todos los aspectos del contexto ilegal en que ocurrieron los crímenes sufridos por los Ramírez facilitará su prueba y su consideración como crímenes contra la humanidad”.