Como ya es regla cada vez que se produce alguna novedad relativa a los juicios por crímenes de lesa humanidad, un obispo de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana se pronuncia en contra del castigo y a favor de la distracción. Ahora fue el turno del diocesano de San Juan, Alfonso Delgado, quien justificó la fuga de los represores Jorge Olivera, condenado a prisión perpetua, y Gustavo De Marchi, a 25 años de cárcel. Juzgarlos ahora “no nos hace bien”, dijo Delgado, quien nunca hizo gestiones para conocer qué sucedió con su hermano Peter, un ex militante montonero, detenido-desaparecido en Rosario durante la dictadura. Los Delgado eran ocho hermanos. Peter provenía de la militancia socialcristiana. Atendía una gestoría en el centro de Rosario, donde guardaba el archivo montonero de la zona. Todos los días hablaba con un linyera que mendigaba en la puerta. En el invierno de 1976 lo hizo entrar para que no durmiera en la calle. Era un policía infiltrado que lo estaba investigando. “En mi familia, desde un primer momento decidimos perdonar. Nos hizo mucho bien, lo cual no significó que no hiciéramos los trámites jurídicos y en la Justicia que corresponden, una cosa es el delito, otra cosa es la actitud.” Delgado se preocupó por aclarar que no conocía a Olivera ni a De Marchi, que sólo sabía lo que se había publicado en la prensa. “Es un tema controvertido que tendría que haberse resuelto inmediatamente, en el ’83,’84,’85, que estemos después dándole vuelta a la manija creo que no nos hace bien a todos”, le dijo al diario Tiempo, de San Juan. Miembro de la Prelatura del Opus Dei, y siempre ataviado como un elegante ejecutivo, Delgado se excusó de opinar sobre la fuga aduciendo que “no está en la esfera de mi competencia”. Pero luego agregó que no deseaba criticar a los jueces ni a los encargados de custodiar a Olivera y De Marchi. “Yo no tengo ningún odio o actitud negativa hacia ninguno de ellos. Tampoco hacia los represores, creo que ya bastante tendrán si han hecho algo y parece que han hecho bastante, ya sus conciencias les reprimirán o les dirá bastante lo que han hecho”. Rafael Olivera, hijo del capitán prófugo, es sacerdote y vive en San Rafael, Mendoza, donde tiene su seminario la congregación integrista del Verbo Encarnado, que reivindica la represión dictatorial.