Por primera vez en la historia argentina, un integrante del Poder Ejecutivo en ejercicio prestará declaración indagatoria en una causa por presunta corrupción. El escrito en el que se dispuso la citación permite deducir que el juez federal Ariel Lijo reprocha al vicepresidente Amado Boudou haber realizado negociaciones incompatibles con el cargo de ministro de Economía que ocupaba en 2010. Boudou se quejó de un linchamiento mediático en represalia por su rol en la estatización del sistema previsional y dijo que demostraría su inocencia ante el juez. Esto se corresponde con el sentido de la indagatoria, que es un acto de defensa del imputado. La mera citación (sumada a la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli y a los procesamientos de los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, sometidos en la actualidad a juicio oral) marca un momento sin precedentes en el país. La gravedad política de un eventual procesamiento del vicepresidente no puede ser exagerada. Boudou anunció que aun en ese caso seguiría ejerciendo sus funciones. Así lo ha hecho el jefe de Gobierno porteño Maurizio Macrì, a quien ya le ocurrió lo que Boudou prevé. La prensa ha acentuado algunos elementos (como las denuncias del imputado sobre un fiscal, dos jueces y el ex Procurador General; las alegadas amenazas a varios testigos y el supuesto apoyo de la presidente a una estrategia de ruptura) pero ha soslayado otros, de mayor importancia estructural. Pese a que Ariel Lijo fue designado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004, Boudou no lo considera un juez amistoso. Por encima de Lijo actúan otros 16 magistrados: tres miembros de la Cámara de Apelaciones cuyo rol es el de un tribunal de garantías para el imputado, cuatro del posible tribunal oral de juicio si la causa termina en una elevación a debate, tres de la Cámara Federal de Casación Penal y seis de la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Ricardo Lorenzetti, fue explícito la semana pasada al señalar que los jueces deben ser firmes en sus convicciones cualquiera sea el contexto, que nadie puede estar por encima de la ley y que el Poder Judicial debe ser independiente. Este funcionamiento institucional nunca se había conocido antes en la Argentina y merece ser destacado, cualquiera sea el desenlace. La propuesta del candidato opositor Sergio Massa, de reinstaurar el juicio de residencia que pendía sobre los funcionarios coloniales hace tres siglos, ha quedado desfasada: en la Argentina del siglo XXI es posible investigar al más alto funcionario antes del ocaso de su poder. La República no es un juego de muñecas.