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El ex presidente del Banco Central brasileño Arminio Fraga recalentó ayer el debate en torno de si el gobierno de Lula debe renovar el acuerdo con el FMI a su vencimiento, en diciembre. “Yo no lo renovaría”, dijo el ex funcionario, hombre estrechamente vinculado con el sistema financiero internacional y principal estratega en inversiones financieras en Nueva York del Grupo Soros hasta ser designado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Sus argumentos, sin embargo, no contradicen su origen. “Ya es hora de que el país demuestre, de una vez por todas, que la opción por una política macroeconómica equilibrada, de sentido común y respeto a los contratos es una preferencia de la sociedad brasileña y no una imposición de terceros o de las circunstancias”, declaró a una revista especializada de su país.
Fraga fue, precisamente, quien negoció y renovó el acuerdo con el Fondo el año pasado, por 30 mil millones de dólares, en medio de las turbulencias financieras provocadas por la ola de desconfianza de los capitales golondrina, ante la presunción de un próximo triunfo del PT en las elecciones. El PT ganó, Lula llegó a la Presidencia, pero no bien asumió lanzó una política de ajuste que le valió el apoyo de los capitales especulativos y ganar unos meses de relativa confianza en los mercados. Fraga consideró que las circunstancias son hoy distintas a las del año pasado y recordó que, en aquel momento, renovar el acuerdo con el Fondo “era obligatorio, porque la alternativa era volar por los aires”.
Las consecuencias de esa política podrían empezar a evidenciarse ahora. Las exigencias de un superávit primario equivalente a 4,25 puntos del PIB le impusieron un fuerte torniquete a la economía brasileña. “Sería bueno que Brasil tuviera el apoyo del FMI, pero tal vez con condiciones más favorables” y sin un ahorro del gasto público tan elevado que estrangula el crecimiento, opinaba recientemente el economista senior del Instituto para la Integración de América Latina (BID-Intel), Uziel Nogueira.
Aloizio Mercadante, economista y principal referente del PT en el Senado, también abona la idea de la renovación de la asistencia financiera del Fondo con pautas más flexibles, aunque desde el llano defendía posturas duramente críticas hacia el organismo internacional. “El momento es oportuno para que el FMI, que viene de una experiencia de fracasos por aplicar políticas restrictivas de crecimiento, pueda dar una nueva dimensión a su misión (flexibilizando) las condiciones que limitan la inversión”, sostuvo Mercadante.
El gobierno, en tanto, no ha definido aún su posición. Tanto el presidente como su ministro de Hacienda, Antonio Palocci, han expresado su satisfacción y optimismo por que el país “pueda llevar adelante las políticas económicas sin la necesidad de acuerdo o apoyo financiero del Fondo”, como señaló recientemente el último. Ello supondría que, a partir de diciembre, el gobierno del PT podría prescindir de un nuevo acuerdo con el Fondo pero, por los dichos de sus funcionarios, no de sus políticas.