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Los desocupados reclamaban por el pago de planes atrasados, puestos de trabajo y alimentos. Los productores rurales pedían que se los indemnizara por la muerte de sus animales provocada por vacunas vencidas otorgadas por el Senasa. Como en otras oportunidades, el corte del puente que comunica Argentina con Bolivia estaba liderado por el cura Jesús Olmedo, párroco de La Quiaca y viejo luchador social en la provincia. Pero, a diferencia de otras veces, la manifestación derivó en una denuncia judicial y la citación de parte del juez federal Horacio Aguilar para que el cura y otros cuatro dirigentes declaren en la causa abierta en su contra. El llamado de la Justicia llega justo en un momento en que la criminalización de la protesta es tema de discusión entre el Gobierno y los piqueteros.
Durante tres días de la semana pasada el sacerdote jujeño y un grupo de manifestantes bloquearon la frontera internacional para reclamar por planes sociales, comida y puestos de trabajo. Cuando la segunda jornada se hacía noche y habían decidido levantar el piquete, unos veinte camioneros agredieron a golpes a Olmedo y otros de sus compañeros, incluidas varias mujeres. Según denunciaron, todo frente a la pasividad de los gendarmes que observaban la situación a unos metros.
Sin embargo, la noticia no fueron los ataques de los camioneros sino la citación por parte de la Justicia al cura y cuatro dirigentes sociales que participaban del corte, quienes hoy por la mañana deberán presentarse a declarar ante el juez federal Horacio Aguilar. En la causa “Olmedo y otros” se los acusa de haber impedido el tránsito normal de vehículos.
Uno de los reclamos que motivó la medida de fuerza era la exigencia de pequeños productores rurales para que el gobierno nacional les pagara una indemnización por los animales que se murieron a raíz de una vacuna vencida que les suministró el Senasa. La causa de la muerte de las ovejas y las llamas fue admitida por los delegados del propio organismo. Los desocupados que cortaron el puente pedían cuatrocientos puestos de trabajo, el pago de planes sociales atrasados desde hace cuatro meses, alimentos y pensiones para ancianos.
Además del párroco deberán declarar en el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, el titular de la Comisión de Desocupados de La Quiaca, Germán Aguirre, el presidente de las organizaciones aborígenes del departamento de Yavi, Nicolás Vilca, Sandra Cruz, dirigente del Movimiento “Sin Techo” y el militante Hugo Uzqueda.
Al enterarse de lo ocurrido, el obispo de la Prelatura de Humahuaca, Pedro Olmedo, que además es hermano de Jesús, se reunió con todos los sacerdotes y religiosos de la zona, y firmaron un documento dirigido al ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, al director nacional de Gendarmería y a organismos de derechos humanos. En el escrito denuncian la actitud de los miembros de esa fuerza de seguridad que “permitieron” las agresiones contra los sacerdotes quiaqueños.
El sacerdote Manolo, compañero de Olmedo en la parroquia, acusó directamente al jefe del Escuadrón de Gendarmería de La Quiaca, Hugo Wirtz, de “ser el principal impulsor de las agresiones contra los manifestantes” y denunció a “las autoridades políticas porque durante todos estos años la Iglesia se ocupó de contener a los más humildes dándoles viviendas, alimentos y trabajo, cosa que tendría que haber hecho el Gobierno”.
Horas antes de declarar ante el juez y todavía sorprendidos por la denuncia, los manifestantes advirtieron: “Ahora nos quieren hacer quedar como delincuentes, cuando son ellos los que tendrían que responder”.

Informe: Martina Noailles.