En 1981, Casa Amarilla pasó a ser un terreno de la Ciudad de Buenos Aires. En los noventas el intendente Carlos Grosso le cedió una parte de los terrenos al Club Boca Juniors y otra a Almagro Construcciones. Durante la gestión de Fernando De la Rúa y luego de Aníbal Ibarra, el resto de los terrenos se destinaron a viviendas sociales por ley. Según recuerda Ibarra, ya en esa época, Mauricio Macri como presidente de Boca le envió una carta para obtener los terrenos para el club. Desde su llegada al poder, el procesado jefe de Gobierno se resistió a construir las viviendas sociales. Una serie de documentos del IVC de 2008 dieron a conocer que tenían la intención de cederle las tierras a Boca Juniors, pese a que su presidente de entonces, Roberto Apelbaum, aseguraba que se iban a construir las viviendas. Ya en ese momento, Boca decía que buscaba quedarse con esas manzanas para “actividades deportivas, sociales y culturales”. El juez Andrés Gallardo cortó con la diletancia macrista y les ordenó construir las viviendas. Desde el Gobierno porteño respondieron con recusaciones, pero perdieron en todas las instancias. Entonces, Macri cambió la estrategia: construyó viviendas, pero sólo en una parte de los terrenos. El resto fueron transferidos en 2010 a la Corporación del Sur, que tiene entre sus facultades la posibilidad de venderlos. En tanto, Macri les cambió el destino con un decreto, el 723/10, en el que determinó que podían usarse para espacios verdes, salud, educación o seguridad. El año pasado, el vicepresidente de Boca Juniors y legislador porteño, Oscar Moscariello, presentó un proyecto para rezonificar los terrenos como “Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors.” Moscariello juró a Página/12 que pensaba solamente en un “parque temático”. El proyecto perdió impulso en la Legislatura y no está actualmente entre las prioridades del bloque PRO. Pero la iniciativa de Boca avanza, de todas maneras, para quedarse con los terrenos.