Coordinada por Andrea Pochak, la Dirección General de Derechos Humanos comenzó a funcionar hace poco más de un mes bajo la órbita de la Procuración con el objetivo de “articular y potenciar” los trabajos de las diferentes dependencias del Ministerio Público Fiscal en torno de la promoción y protección de los derechos humanos, contó la procuradora Alejandra Gils Carbó. Pochak agradeció su nombramiento y destacó la autonomía y la independencia de la cartera como “imprescindible”.

“No hay derechos humanos sin división de poderes. No hay división de poderes sin República. Quienes hemos sufrido avances y retrocesos en su defensa a lo largo de los años sabemos que el Estado es el principal violador de esos derechos y quien tiene mayor responsabilidad en las reparaciones. Hoy más que nunca, ni un paso atrás”, arengó la flamante directora durante su exposición en la presentación del nuevo espacio.

“La dirección no iniciará un trabajo desde cero, sino que llega para consolidar una política de una gestión en la protección y promoción de los derechos humanos que caracterizó los últimos años del Ministerio”, dijo Pochak a Página/12. En ese sentido, detalló que el apoyo técnico y la capacitación de los fiscales, la asesoría a la procuradora y el armado de una base de datos con la información de los dictámenes de representantes del Ministerio Público Fiscal (“al que podrán acceder tanto ellos como el público en general”), serán los ejes de su funcionamiento.

Para Pochak, quien se desempeñó como secretaria de la Procuración y, antes, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, es “importante” que exista una dependencia dedicada a “consolidar” el trabajo en derechos humanos de la Procuración porque “el trabajo de los fiscales es fundamental para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos así como también para protegerlos”. En ese sentido, y desde el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri, los organismos de derechos humanos vienen expresándose en defensa de la gestión de Gils Carbó como “una garantía de continuidad de los juicios de lesa humanidad”.