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Los despidos impulsados desde el gobierno de Mauricio Macri continúan avanzando y llegaron ayer a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio. La canciller Susana Malcorra anunció que están realizando “una revisión” de 700 contratos de trabajadores de ese área y advirtió que “no” ve que se puedan “generar posibilidades y oportunidades para todos ellos”. Al mismo tiempo, en la secretaría que conduce Miguel Braun algunos trabajadores –muchos ellos a cargo del programa Precios Cuidados– comenzaron a ser notificados de su cesantía. Desde UPCN denunciaron que “no se está cumpliendo lo establecido por un decreto del Gobierno” que prorrogaba los contratos “que vencían el 31 de diciembre por tres meses para controlar y evaluar cada caso”. “El Gobierno no se puede descargar sobre la gente de trabajo y dejarla en la calle”, acusó el gremialista Andrés Rodríguez, y anticipó que están evaluando poner en marcha medidas de fuerza.

“Ha ingresado demasiada gente en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación en los últimos tiempos. Cuando uno mira la población que tiene, no veo que podamos generar posibilidades y oportunidades para todos ellos”, pronosticó Malcorra. Sin embargo, la funcionaria proveniente de las Naciones Unidas manifestó que “hay que evitar la caza de brujas”. En este sentido, dijo que hay que “ver quién está trabajando. Si está trabajando, si se condice con las expectativas del presidente Mauricio Macri, y si tiene el perfil y las capacidades para cumplirlas”. Frente a esta situación, la diplomática contó que están “haciendo un inventario para hacer una revisión de contratos, que son 700”.

El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó como “una barbaridad” los despidos y bajas de contratos de empleados públicos que fueron multiplicándose con el correr de la semana. Rodríguez sostuvo que sólo existe “una minoría” de empleados públicos que no trabaja y remarcó que el Estado tiene “normas y reglamentaciones que castigan a personas que no cumplen con sus deberes”. En este sentido, el sindicalista consideró que decir que los empleados públicos “son vagos o ñoquis, es una falta de respeto hacia el trabajador”, y concluyó que “no se puede generalizar ni masificar de esta manera”.

Además, Rodríguez manifestó que no existe por parte del Gobierno “ninguna revisión seria, responsable, una evaluación como corresponde” de los contratos de los trabajadores y denunció que no se respeta lo dispuesto por ellos mismos. “Lo que había establecido el Gobierno era un decreto que prorrogaba los contratos que vencían el 31 de diciembre por tres meses para controlar y evaluar cada caso, y esto ni siquiera se está cumpliendo”, se quejó Rodríguez.

El líder de UPCN sostuvo que “hay mucha preocupación” entre los trabajadores públicos por su futuro laboral y que, de cara a esta situación, se están “evaluando las medidas” que van a tomar. Rodríguez puntualizó que ya están analizando “hacer las presentaciones judiciales que correspondan”. También aseguró que desde UPCN van “a generar una mecánica de alerta y de movilización” del gremio. “El Gobierno no se puede descargar sobre la gente de trabajo y dejarla en la calle de buenas a primeras”, concluyó.