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Ante la extendida preocupación por los despidos y el desempleo, es lógico que haya una nítida supremacía de los que están a favor de la llamada Ley Antidespidos sobre los que están en contra. En la misma sintonía hay una clara oposición al eventual veto que ya anunciaron los colaboradores más directos del presidente. Habrá que ver qué pasa en el Congreso esta semana, pero en la opinión pública las posturas están claras: quieren que se protejan los puestos de trabajo y que no haya veto. Es que la preocupación por el desempleo es reciente –no existía en 2015– pero hay una memoria de los años 90 y en especial de 2000 y 2001, cuando era casi imposible conseguir trabajo, con niveles de desempleo mayores al 20 por ciento y casi la mitad de los empleados en negro. En la década kirchnerista se hizo hincapié en la creación y luego en la conservación de los puestos de trabajo, algo que parece enraizado en la forma de pensar del ciudadano común.

“La opinión pública de nuestro país expresa un importante nivel de aceptación de que el Congreso Nacional apruebe una ley que evite los despidos por el término de 180 días –explica Bacman– algo que obtiene un alto grado de adhesiones, llegando al 44,2 por ciento. Son muchos menos (27 por ciento) los que entienden que una ley de esta naturaleza lo único que lograría es ‘alejar inversiones’, en tanto un nutrido 28,8 por ciento no supo o no quiso responder a esta pregunta. La opinión mayoritaria expresa la necesidad manifiesta de que el Estado asuma el rol de proteger a los sectores más vulnerables, aquellos más expuestos a las durísimas consecuencias de la pérdida de las fuentes de trabajo. Y este es el verdadero desafío para la actual gestión: encontrar soluciones a la ola de despidos, paliar sus efectos y encausar la economía”.

“Mientras tanto, –agrega Bacman– la gente tiende a oponerse a un veto, algo muy concreto que ya fue expresado en más de una oportunidad por distintos funcionarios. Lo cierto es que hasta el momento los resultados de esta encuesta dejan al descubierto que el costo político que deben asumir será alto: casi el 49 por ciento de los argentinos expresó de manera contundente su desacuerdo con que el presidente aplique su derecho de vetar una ley de tal naturaleza”.

Con estos datos parece lógica la reacción de los dirigentes gremiales y la altísima concurrencia a la marcha del 29 de abril. Los ciudadanos están preocupados por el desempleo y a favor de que se tomen medidas cuanto antes.

¿Está de acuerdo con vetar la ley?

¿Qué efectos tendría la ley?