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En 2013 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que en las inundaciones de La Plata del 2 y 3 de abril de ese año murieron 52 personas. Pero el juez Luis Arias y el defensor Julián Axat establecieron que las víctimas habían sido por lo menos 89. Más allá del episodio en sí, los documentos secuestrados en la morgue policial de La Plata pusieron en evidencia un sistema con el que la policía provincial puede manejar en forma ilegal la desaparición de cuerpos, como el de Luciano Arruga, y de personas, como Jorge Julio López. El trabajo, realizado por la licenciada en informática María Soledad Escobar, detectó por lo menos cuatro métodos que la policía utiliza para alterar documentos públicos y manipular la identidad de los óbitos y las inhumaciones. Escobar trabaja en el Sistema de Investigaciones Criminalísticas de la Procuración General de la Provincia, pero su titular, María Falbo, lejos de respaldarla le inició un sumario con el fin de destituirla, por presión del entonces ministro Ricardo Blas Casal. Especialista en el análisis de datos masivos, Escobar se presentó como amiga del tribunal en la causa “Rodríguez”, una acción de hábeas data colectiva iniciada por familiares de víctimas. Con autorización del juez Arias participó en el allanamiento a la morgue policial el 28 de febrero de 2014. El entrecruzamiento de los datos encontrados en libros de entrada y salida de cuerpos, computadoras, rótulos con número de óbito (o falta de ellos) y el análisis de 11.000 defunciones inscriptas, reveló un macabro sistema que precede y excede a las inundaciones de 2013. Así detectó los cuatro métodos que permiten desaparecer, ocultar o cambiar la identidad de los muertos o, dicho de otro modo, disponer en forma impune de los vivos: 1) inhumación de cuerpos con identidad falsa; 2) inscripción como NN de cuerpos que en realidad han sido identificados; 3) doble inscripción, cambiando el lugar de defunción; 4) solicitud de inscripción de cuerpos que ingresaron a la morgue luego de una exhumación.

1. “Enterré a mi papá dos veces”, afirma Graciela, la hija de Jaime Isla, caso testigo para el primer método. Luego de un largo derrotero judicial le entregaron un cajón con un cuerpo, que enterró el 22 de noviembre de 2013. Pero al día siguiente su tía le indicó que ya lo habían enterrado en enero. Los restos de Isla descansan en una de las dos sepulturas que llevan su nombre en el cementerio, pero nadie sabe quién ocupa la otra. El cuerpo se inscribió por segunda vez mediante el “Formulario 25”, un instrumento que permite la identificación mediante dos testigos cuando no es posible hacerlo por DNI o huellas dactilares. En este, y en el resto de los casos, los testigos son empleados de la morgue. Soledad Escobar señala la relación con otros casos, y afirma que pueden aportar pistas sobre el rol de las fuerzas de seguridad en desapariciones ocurridas con anterioridad.

2. El cuerpo de Cristian Madril ingresó en enero de 2012 a la morgue, donde se realizó una pericia dactiloscópica que permitió identificarlo. A pesar de la identificación, la defunción se inscribió el 28 de mayo como NN masculino y fue inhumado en el cementerio local. Los datos constan en el sobre del óbito encontrado en la morgue, y fueron suficientes para encontrar a su familia en apenas cuatro horas. Los hijos, que ignoraban lo sucedido, buscaban a su padre desde hacía más de dos años.

3. Los datos del fallecido se consignan en el denominado “Formulario 03”. Los funcionarios de la morgue pueden cambiar el lugar de defunción e inscribir un mismo óbito en distintas jurisdicciones.

4. La falta de un registro digitalizado y único, sumada a la desidia o complicidad de funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial provincial, permiten a la policía solicitar que se inscriba la defunción de un cuerpo exhumado, es decir, ya registrado. Luego, el cuerpo original es devuelto a su sepulcro con el procedimiento normal, y queda una inscripción de defunción disponible que puede utilizarse para hacer desaparecer otro cadáver.

Estas irregularidades se reiteran en 11.130 inscripciones de defunciones entre los años 2006 y 2013. Además de un incremento anormal en el registro de NNs en el año de las inundaciones, la morgue disparó el uso del llamado “formulario 25”, equiparándolo al uso de huellas dactilares. La posibilidad de ocultar o cambiar la identidad de los cuerpos va emparejada con la facultad de alterar las actas de defunción: en 2013 el porcentaje de muertes sin autopsia se acercó a la mitad del total y se quintuplicaron las calificadas como “muertes traumáticas sin autopsia”, a mero ojo de los funcionarios. La pésima ley provincial 14.078 perfecciona la impunidad al permitir las “inscripciones tardías”, en franca violación de la ley nacional. En 2013 esas inscripciones tardías llegaron a un record de 52. Durante el peritaje sobre las computadoras se encontró un “ArchivoFantasma.xls”, un listado ordenado de entierros con falsa identidad. Uno de los fantasmas registra un ingreso apenas seis días después de la desaparición de Jorge Julio López. Se trata de un cadáver rotulado “13.520 Fernández”, pero el verdadero Fernández, con número de óbito 13.528, fue enterrado el 21 de agosto de 2013. Es decir que, a días de la desaparición de López sobraba un cuerpo en la Morgue de la Plata, que además se encontró en una lista negra de entierros con falsa identidad.

Informe: Martín Antoniucci.