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Según los datos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), hay entre 2800 y 3 mil personas con procesos abiertos por haber participado de protestas piqueteras. El abogado Víctor Abramovich, del CELS, explicó que hasta ahora muy pocos juicios han llegado a la Cámara de Casación, ya que en los hechos la presión sobre los manifestantes se ejerce con la apertura de procesos, que suelen mantenerse abiertos durante varios años en los que los acusados quedan atados a una situación complicada.
La Corte Suprema tiene para resolver en estos días, como caso testigo, la situación de la maestra Marina Schiffrin, condenada por participar de un corte de ruta durante un paro docente. Ayer los camaristas Tragant y Riggi se apoyaron en el fallo contra Schiffrin para sostener su postura. Citando aquella condena dijeron que los piquetes “provocan innegable violencia, pues entran en colisión con el derecho de otras personas a transitar libremente, ejercer el comercio, trabajar en libertad, vivir con tranquilidad y seguridad y preservar su propiedad”.