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Por L. V.

Para entender el proceso judicial contra Marina Schifrin, el primero en llegar a la Corte Suprema, hay que remontarse a la década menemista.
“A mediados de los ’90 tuvimos un Río Negro en llamas –cuenta Schifrin–. En la provincia, el gobierno radical siguió las mismas políticas que el nacional, al punto de que Menem solía decir que Horacio Massaccesi era su mejor alumno. Una de las consecuencias fue el deterioro de la escuela pública. Nosotros teníamos proyectos interesantes en educación, construidos durante los ’80 en un proceso con participación de las bases. Por ejemplo, para que los profesores no tuvieran que andar corriendo de una escuela a otra, haciendo de docentes-taxis, sin tiempo para preparar las clases, teníamos talleres de educadores donde armábamos proyectos conjuntos. Conseguíamos buenos resultados, pero por supuesto eran cosas que insumían más presupuesto. Y los profesores secundarios, que eran medio pitucones, se habían convertido en un sector aguerrido.”
–¿Cuándo empezaron los recortes?
–En el '95, es decir fue en ese momento cuando percibimos un cambio. Tomaban menos docentes, empezaron a descuidar los edificios de las escuelas y los salarios sufrieron rebajas.
–El corte de ruta por el que la condenaron se realizó dos años más tarde.
–Sí. En ese lapso nosotros habíamos comenzado a hacer asambleas ampliadas, con docentes, padres y alumnos. Ya era gobernador Verani. Habíamos tenido una rebaja salarial y Verani implementó otra, del 10 por ciento. Entonces estábamos en plan de lucha, con paros progresivos. A su vez, los padres reclamaban comedores y refacción de los edificios y los estudiantes, por el boleto estudiantil. El corte de ruta se decidió en una asamblea, hubo 500 personas que votaron ir a cortar la ruta. Por eso a mí me parece legítimo, porque se decidió en un ámbito de mucha legitimidad, por gente a la que le estaban sacando la educación. El corte se hizo con padres, docentes y dirigentes sindicales de la CTA.
–¿Quién inició la causa judicial?
–Un fiscal que actuó de oficio y denunció a 12 personas. Después nos dimos cuenta de que nos habían marcado, porque en el juicio nos encontramos con que los testigos eran de los servicios de inteligencia. “¿Profesión?”, preguntaba el juez. “Trabajo en el Servicio de inteligencia de Gendarmería.” “Ah, bueno, entonces no diga el domicilio, por seguridad.” Con esos testimonios se alimentó la causa. El juez me condenó a tres meses de prisión y me impuso como parte de la condena no poder ir a manifestaciones por dos años, con lo que dejó claro que lo que buscaba era justamente criminalizar la protesta.
–¿Por qué cree que tenía derecho a cortar la ruta? ¿Cuáles son los argumentos en defensa de la protesta?
–En la Constitución de 1994 se incorporaron tratados internacionales, se dio jerarquía constitucional a las convenciones de derechos humanos. Ahí aparece con mucha nitidez que el Estado debe garantizar los derechos básicos de la gente, aparece el derecho a resistir la opresión, aparece el derecho de los ciudadanos a participar de la gestión pública, aparece el derecho a la educación. Esos son los argumentos que utilizan los abogados. Nosotros, desde el reclamo, más que nada estamos parados en la necesidad. Uno se da cuenta de que va perdiendo cosas, porque te van quitando los derechos y te van excluyendo, uno se siente legitimado a reclamar.
–Usted propuso crear un comité de solidaridad con los procesados.
–Es que somos casi 4 mil procesados por cortar rutas. Yo pienso que nos debemos una autocrítica hacia dentro en ese sentido, tenemos que contarcon un campo popular más solido, con menos recelo entre nosotros. Sólo de ese modo se puede frenar la avanzada que busca criminalizar la protesta.