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El represor tucumano Antonio Domingo Bussi se negó a declarar ante el juez federal Jorge Urso en la causa que investiga los crímenes cometidos en el Plan Cóndor. En lugar de referirse a su participación en el aparato represivo que coordinaron las dictaduras latinoamericanas, Bussi se limitó a presentar un escrito ante el magistrado, en el que aseguró que es “un perseguido político”, que actuó en medio de una “guerra”, y “en cumplimiento de instrucciones del gobierno democrático” de Isabel Martínez de Perón. Con la asistencia de la defensora oficial Perla Martínez de Buck, el dictador solicitó al juez que mantenga el régimen de prisión domiciliaria que le otorgó la Justicia cuando lo condenó en la causa por robo de bebés. En el marco de esta causa, Urso ya ordenó la detención de los ministros del Interior y de Planificación durante la represión, Eduardo Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, y de otros treinta altos jefes de la dictadura. Hoy deberá ampliar su declaración indagatoria el dictador Jorge Rafael Videla, que está procesado en la causa, aunque sus abogados presentaron el miércoles un escrito en el que se escudaron una vez más en el argumento de la “vigencia” de las leyes de impunidad, anuladas en 2003 por el Congreso.