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El directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires reconoció que paga sueldos a una hermana y dos hijas del senador Eduardo Duhalde, tal como se afirmó en esta página el domingo pasado. Su única justificación fue que no son ñoquis sino trabajadoras responsables. Sin embargo, atribuyó la revelación a “pésimas fuentes de información” o a “objetivos inconfesables”. Ni el Bapro ni el gobierno nacional parecen advertir que cuando la desocupación ronda el 25 por ciento de quienes buscan trabajo y los padres de las chicas están ofreciendo subsidios de 150 pesos mensuales a la indigencia, estos empleos de favor constituyen el tipo exacto de inmoralidad que ha cavado un abismo entre la clase política y la sociedad. La semana pasada, el gobernador Felipe Solá dijo a los intendentes bonaerenses que si no se detenía ya el drenaje de diez millones diarios del corralito, el Bapro debería cerrar. El viernes, una de sus mayores sucursales, en Lomas de Zamora, no pudo cumplir con dos libramientos judiciales, lo cual equivale a una cesación de pagos previa a la quiebra.
El directorio que preside el cavallista Ricardo Gutiérrez sostuvo que el artículo del domingo sería parte de “una campaña organizada para favorecer intereses económicos que se beneficiarían con su desaparición”. El Bapro está en un proceso de reforma institucional, jurídica, financiera, comercial, tecnológica y administrativa. “Negarnos el apoyo de asesoría externa es condenarnos a no poder modernizarnos y, por lo tanto, a continuar en la lucha desigual que tendía a la eliminación del Banco Provincia”. El único problema es que ninguno de esos argumentos se aplica a los casos señalados.
Con mayor honestidad intelectual que el directorio del Banco, la fotógrafa María Eva Duhalde admitió el nexo causal entre su apellidos y su empleo, en el que gana 2.000 pesos mensuales. “¿Estarías aquí si no fueras hija de Duhalde?”, le preguntó María Julia Oliván en el programa de televisión “Detrás de las noticias”. “Probablemente no”, dijo. Pero no le pareció injusto ocupar esa posición para la que otra persona podría tener la misma calificación, “porque todos tenemos diferencias”. Agregó que “en la generalidad de los casos se da así. En todos lados si tenés un conocido es más fácil entrar a un lugar”, lo cual sólo prueba que los jóvenes aprenden lo que ven a su alrededor. La “generalidad de los casos” es distinta en países que hacen un culto al mérito y no a las relaciones familiares. En Estados Unidos, por ejemplo, es preciso rendir un examen de idoneidad para aspirar a empleos nacionales, estatales y municipales. Pero aun así no son elegibles padres, madres, hijos, hermanos, tíos, primos, sobrinos, esposos, suegros, cuñados, padres o hijos adoptivos, yernos, nueras y hasta convivientes sin parentesco. La prohibición no se limita al nombramiento en un cargo, también incluye ascensos y promociones para quienes ya lo ocupaban. La lógica explícita, que aquí cuesta tanto entender, es asegurar la igualdad de oportunidades y la eficiencia del servicio público.
El banco dijo que las cifras publicadas por este diario eran insólitas y exageradas, pero no aclaró cuáles serían las verdaderas. Acerca de la señora Cristina Duhalde, el directorio afirma que “pertenece a la estructura del Banco desde hace 27 años”, pero no explica por qué en sus planillas se disimula a la hermana presidencial como María D. de Garramuño ni desde cuándo percibe 5.165,83 pesos cada 30 días, remuneración que, según las planillas del banco consultadas para la nota, implica un gasto total de 7.671,80 pesos mensuales.
El directorio negó que en la nómina de personal figurara un hijo de Jorge Remes Lenicov pero se abstuvo de informar que el Claudio Remes que sí figura es primo del ministro de Economía de la Nación, parentesco tan descalificatorio como el otro para ese empleo. “Dicha persona trabaja en áreas relacionadas con el Banco desde hace más de una década”, es la hipócrita explicación oficial. El primo Jorge ocupó el ministerio de Economía provincial bajo las gobernaciones de Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde, a partir de 1987, es decir hace más de una década.
El Bapro también dijo que Fernando Maurette y Juan Carlos Pezoa “dejaron de percibir honorarios por sus funciones a partir de su designación en el ámbito nacional” y negó que la administradora Marisa Alfiz haya trabajado para la consultora de Gutiérrez y del ex ministro Marcos Makón. El directorio señala como un avance la recuperación de su solvencia, pero deja en la oscuridad que ella se consiguió descargando en la provincia 2.300 millones de dólares de créditos incobrables, concedidos durante las gestiones de Eduardo Amadeo y Rodolfo Frigeri. Para cobrar lo que se pueda de esas deudas y denunciar los posibles delitos cometidos en su otorgamiento, el ex gobernador Carlos Rückauf designó a Eduardo Di Marco, abogado del mayor de esos deudores, Vittorio Gualtieri. Solá lo removió. El directorio agrega que redujo la dotación de personal contratado y de planta y ahorró 184 millones en dos años.
La publicación del domingo contiene errores que el directorio del banco no señala, porque prefiere aprovecharlos para diluir el escándalo. Este diario mencionó a la hermana y las hijas de Duhalde y otros siete casos. A ellos y sólo a ellos se refieren las valoraciones críticas del artículo. Por un imperfecto manejo del programa Excel, que no permite borrar sino sólo esconder de la vista una hilera completa, el cuadro ilustrativo incluyó a un centenar de asesores. Estaban ocultos, pero reaparecieron en la transmisión electrónica del artículo. Abundan entre ellos los profesionales honestos, contratados por su capacidad y no por relaciones espurias. En algunos casos, el ingreso de bolsillo que perciben es la mitad del costo total para el banco que figura en las planillas. Por ese error que los hizo aparecer mezclados con quienes no debían, pido perdón.