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El procurador general de la Nación, Esteban Righi, entregará antes de fin de mes a la Corte Suprema de Justicia un dictamen donde definiría como “inconstitucionales” las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Como anticipó por Página/12, Righi recomendaría a la Corte que declare inconstitucionales las leyes de impunidad en base a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
El dictamen se basa en la causa que investiga el secuestro y desaparición de una veintena de militantes montoneros durante la última dictadura militar. La investigación se abrió el 10 de julio de 1998 para esclarecer el secuestro y desaparición de los jóvenes montoneros que ingresaron al país desde el exilio entre febrero y marzo de 1980, y posibilitó la detención con preventiva del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides.
Todo indica que, con el dictamen de Righi en su poder, los ministros de la Corte acelerarán el tratamiento del tema, de cuya definición dependen para encaminarse a juicio oral megacausas por violaciones a los derechos humanos en la ESMA y en el Primer Cuerpo del Ejército.