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La decisión de la Cámara Penal conocida ayer no desató un día de furia, semejante a aquel en el que mismo tribunal concedió la excarcelación de Omar Chabán. Es un moderado avance de cara a una sociedad y a una cultura mediática cuyos reclamos a los tribunales suelen ser iracundos y poco atentos a las garantías constitucionales. La sensación de impunidad, que tiene su raíz histórica, induce a los damnificados (a los que cuesta pedirles templanza) y a muchos comunicadores (que sí deberían prodigarla) a transformar sus reclamos “de justicia” en algo bastante parecido a un tribunal popular.
La exigencia de prisión inmediata para los acusados, un recaudo excepcional, se exige de modo innegociable. Los reclamos de condenas altísimas parecen funcionar simbólicamente como compensación por los muchos que (se supone con buen olfato) evaden la justicia de los hombres.
Debe ser duro para los magistrados tratar de decidir causas con enorme repercusión pública sin someterse al ulular de la tribuna, que los micrófonos y las cámaras propalan y multiplican de modo acrítico. Será por eso que muchos ni lo intentan, en un ejercicio de demagogia que suele ser menos reprochada que la de los funcionarios electivos.
La Cámara Penal eludió con garbo ese riesgo. Y hasta se permitió, con delicadeza que no excluye el afán polémico, mencionar el punto y sugerir cuál debe ser la conducta de los juzgadores. En la carilla 100 de las 187 que abarca la decisión, los magistrados deslizan que expresar “la ira y el resentimiento” constituye “un objetivo desacreditado de la ciencia penal”. “La función de la Justicia penal –puntualizan los camaristas que votaron de modo unánime– no es la de expresarse a través de sus fallos” ni tampoco someterse a “las expectativas de las partes”.
Sin someterse desaprensivamente a las expectativas y a la rabia, la Cámara intenta despejar el camino hacia un juicio oral y público relativamente cercano. Juan Carlos Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich desmalezan el trámite dividiendo la investigación en dos. El proceso contra los funcionarios supuestamente involucrados seguirá tramitando en otro expediente (“causa conexa”). Eso permite que el juicio contra el empresario, los empleados de seguridad y los integrantes del grupo Callejeros no se dilate esperando la determinación de las responsabilidades de integrantes del Gobierno de la Ciudad. Esta depende de una larga investigación que debe remontarse hasta la fecha de la habilitación del boliche, en 1997. La eventual responsabilidad podría ser grave, incluso configurar asociación ilícita. Investigarlo a fondo no es cosa sencilla, ni breve.
Así las cosas, se formará la (llamémosla así) causa Cromañón I. Los camaristas le ordenan al juez de primera instancia elevarla al Tribunal Oral en noventa días. Si Julio Lucini cumpliera una orden que no admite que se retobe, el pase al tribunal oral sucedería a un año de la tragedia, un lapso sensato.
Al acotar el número de procesados y las responsabilidades en debate, la Cámara mitiga (es imposible eliminarla) una dificultad por venir. No será sencillo armar el escenario físico en el que se desarrolle el debate oral de un trámite con tantos damnificados y tantos acusados. Pero restringir el número de procesados y dividir la causa original en dos (la de los protagonistas y la de los funcionarios, por decirlo en fácil) ordena el tratamiento posterior. Menos partes en la sala, menos abogados, menos temas para analizar, catalizan un futuro proceso más breve, menos engorroso.
Un discurso derechoso, nada inocente en su brutal simpleza, pretende que los jueces que respetan las normas (a los que se moteja “garantistas” como si la palabra fuera una diatriba) persiguen la impunidad de los sospechosos. Aun escudriñado desde la estrecha mira de la posible condena, este caso no corrobora ese lugar común. Los cargos de estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo por los que se procesa a Chabán no tendrían una pena mucho más leve que el homicidio con dolo eventual, mucho más peliagudo para probar, cuya dilucidación requeriría un trámite mucho más prolongado.
Cuando Bruzzone y Garrigós de Rébori excarcelaron a Chabán, con criterio discutible pero honesto, desde distintas tribunas (incluso desde la cúspide del Gobierno) se los maltrató con rudeza. Algunos llegaron a salpicarlos con sospechas de complicidades con el empresario. Los más piadosos les reprocharon ligereza y auguraron que el empresario se profugaría. Los vaticinios no se cumplieron, lo que no impidió que algunos familiares (los menos) y demasiados políticos y comunicadores reincidieran en sus pedidos de vindicta. Desoyendo a la tribuna, la Justicia resolvió del mejor modo posible.