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Los remates de viviendas quedaron suspendidos por cuatro meses. La media sanción de ayer en Diputados no tiene carácter universal: sólo involucra a aquellas propiedades únicas y familiares cuyos propietarios se inscribieron en el salvataje organizado por el Banco Nación.
En total hay 13.500 inscriptos en el fideicomiso del banco estatal. Son personas que en su momento tomaron créditos en escribanías. Ese salvataje tiene para el Estado un costo de 300 millones de pesos. Hace un par de semanas, el Ministerio de Economía giró los fondos necesarios para evitar los remates. El problema, aducen los legisladores de la oposición, es que existen fallos judiciales en contra de la pesificación uno a uno entre el peso y el dólar. Y como los acreedores no cobran, mandan a remate las viviendas. De acuerdo con estimaciones que ayer manejaban en el subbloque duhaldista hay alrededor de 5 mil fallos en contra de la pesificación.
“El objetivo de suspender por cuatro meses las ejecuciones da tiempo a que finalmente la Corte Suprema se expida definitivamente sobre la pesificación uno a uno. Es una medida transitoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo, pero que le lleva tranquilidad a miles de familias”, explicó a este diario el diputado duhaldista Rodolfo Frigeri. De acuerdo con el legislador, en los últimos meses hubo un fuerte incremento de los remates ya que los acreedores buscan recuperar la vivienda, en un contexto donde se disparó el valor del metro cuadrado.
Economía está en contra de la iniciativa que ahora pasó a Senadores: los funcionarios temen que los bancos contraigan la oferta de crédito. También es cierto que la prórroga en las ejecuciones es una medida muy resistida por el Fondo Monetario, y si se convierte en ley podría demorar las negociaciones con el organismo para refinanciar los vencimientos de la deuda.
Si bien había distintos proyectos para suspender los remates (hasta un año) se aprobó el que otorgaba cuatro meses porque era el único con dictamen de la Comisión de Vivienda. Es una iniciativa de los duhaldistas Lucrecia Monti y Heriberto Mediza que obtuvo el consenso de los radicales, con Alfredo Martínez a la cabeza.