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Una curiosa coincidencia da vuelta como un guante la historia oficial sobre el incendio de la UP28: abogados del Comité contra la Tortura visitaron la unidad dos días antes del desastre. Llegaban porque se habían enterado de una huelga de hambre en protesta por maltrato ocurrida el domingo anterior. Los abogados no sólo tomaron nota de la protesta, sino que comprobaron un estado de vida horroroso que en poco se condecía con la bendición divina pregonada por el director del penal, Daniel Tejada (también conocido como “el Evangelista”, por su devoción fanática a los ministros evangelistas del país norteño). El viernes presentaron una denuncia y ese mismo día, el juez platense Eduardo Eskenazi, acompañado por una médica de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, constató las barbaridades señaladas en un acta y un habeas corpus planteados por los abogados del Comité. Un día más tarde, se desató una supuesta pelea y un incendio en un pabellón donde la disciplina es la garantía de una cercana libertad. “No es la primera vez que después de una denuncia contra maltratos viene la represalia, el asesinato dibujado como suicidio o la muerte por asfixia disfrazada de motín –reveló un funcionario judicial–. Les quieren decir a los presos que son ellos los que tienen el poder.”
El domingo 9 de octubre, los presos del pabellón 6 del penal de Magdalena tuvieron refriega. Nadie sabe por qué se desató. En ese sector, con hierros detrás del cielorraso, armarse con facas no es cuestión de elites. Todos tienen su arma. Unos para cumplir con mandatos del servicio y otros para defenderse. Lo cierto es que se desató la pelea e intervino la guardia. Como ocurre siempre, tiraron al cuerpo con balas de goma. Hubo heridos de puntazos, pero muchos más por las balas. La cura no llegó. Los motivos particulares de la pelea no vienen al caso ante el escenario que describieron los abogados del comité: “En el pabellón 6 había un caño de agua roto que inundaba los pisos con un agua pestilente mezclada con fideos y restos de comida que flotaban. Las celdas tienen tres presos. Comparten colchones que deben ubicar en el piso. Están empapados con el agua pestilente y cloacas tapadas”.
Para colmo, según informaron a este diario funcionarios judiciales, la unidad sufría un brote de hepatitis, los presos con HIV no recibían su medicación. Ese domingo, tras la refriega y la represión se organizó una huelga de hambre. Enterados, los abogados del Comité asistieron el jueves y el viernes presentaban la denuncia que tuvo rápida reacción judicial. Horas después, se desataba el incendio y la muerte de 32 presos que aún no tiene explicación. Según los integrantes del Comité y según los pocos abogados que suelen hacer denuncias, “no es una idea descabellada vincular el incendio con una demostración de que ellos tienen el poder”.