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“Se trata de una política sistemática de extermino.” Así definió Hugo Cañón –fiscal federal de Bahía Blanca y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria– el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense, que “crea las condiciones” para los “motines” en los que los presos terminan pagando con sus vidas los reclamos contra el hacinamiento y el retardo de justicia. “Son pobres, marginales y no sirven para la reinserción laboral, por eso los destinan a morir en estos campos de concentración que llaman cárceles”, insiste el fiscal que la semana pasada monitoreó una denuncia de detenidos en el penal de Magdalena –el mismo en el que ayer murieron 32 reclusos por asfixia– por una “represión indiscriminada” de los guardiacárceles. Cañón le pedirá al gobierno provincial la remoción del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Carlos Rotundo, por “impedir” la comprobación de las denuncias realizadas por los presos.
El jueves pasado, dos abogados de la Comisión contra la Tortura –que depende de la Comisión Provincial por la Memoria– habían estado en la cárcel de Magdalena para verificar una denuncia telefónica que realizaron los presos del pabellón seis, el de máxima seguridad de ese penal (ver aparte). Pero Rotundo, “contrariando la decisión del gobernador y de su ministro de Justicia”, les negó a los abogados ingresar al penal con cámaras fotográficas y videofilmadoras para documentar la denuncia, como el funcionario lo había decretado a través de la circular 07 de mayo de este año con el argumento de “garantizar la privacidad de los presos”.
“Si el gobernador y el ministro de Justicia nos dijeron que esa resolución no tiene el aval de su gobierno y Rotundo nos dice que la misma está vigente y nos pone trabas, alguien nos mintió”, insistió Cañón en su conversación con Página/12. Por eso el fiscal federal bahiense afirmó que le pedirá al gobierno “la separación de Rotundo del cargo” que ocupa. “Registrar las denuncias es la garantía para iniciar las acciones judiciales para que no se repitan y evitar situaciones críticas que terminan en atrocidades como ésta (la de ayer)”, explicó Cañón.
“Hay un catálogo de reclamos carcelarios que terminan concentrándose en dos temas: hacinamiento y retardo de Justicia”, sintetizó a este diario Alejandro Mosquera, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. “Todos estos reclamos son previsibles –agregó–, así como evitar que se utilicen ese tipo de colchones o rociarlos con un líquido especial que los hace menos peligroso. Esto fue un pequeño Cromañón: primero se desmayan por falta de oxígeno y después el desprendimiento de cianuro los mata.” Pero Mosquera agrega otro dato aterrador: “A pesar de que esto sucede en forma frecuente, nadie toma medidas para que los bomberos lleguen a tiempo y evitar las muertes. El gobierno provincial también es responsable por acción u omisión”.
Cañón también aportó más datos sobre el comportamiento del Servicio Penitenciario: “Parte de su discurso es volcar en los presos la responsabilidad de su propia muerte, pero es el servicio el que genera las condiciones para que se den los motines. Se trata de una política sistemática de exterminio”, afirmó el fiscal a Página/12. “Muchas veces se dice que el preso se ahorcó cuando en realidad se trata de ocultar, con el favor de los penitenciarios, un crimen dentro del penal. Una situación que en la jerga carcelaria se conoce como ‘le pusieron la corbata’.”
Para la Comisión por la Memoria, la lentitud de la Justicia también alimenta esta critica situación: el 90 por ciento de los presos no tiene condena y el 30 por ciento de los que llegan a juicio oral terminan absueltos, pero pasaron años encarcelados. “Se trata de verdaderos campos de concentración, donde hay una muerte cada día y medio por cuestiones traumáticas (desde golpes y cuchillazos hasta asfixia por incendios), y por muertes naturales uno por semana solamente por VIH”, remarcó Cañón. El fiscal adelantó a este diario que en noviembre presentarán un trabajo que no sólo recopilará la cantidad de casos sobre torturas y violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país, que también oficiará dedenuncia para que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, “responda ante Naciones Unidas por qué no se resuelve este tema”.