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La provincia de Buenos Aires cerró el canje de su deuda en default con una adhesión del 93 por ciento y una quita promedio del 55 por ciento sobre el valor presente neto del capital adeudado, que ascendía a 4296 millones de dólares incluyendo los intereses impagos. Según informó ayer el gobernador bonaerense, Felipe Solá, la nueva deuda que se emitirá a cambio de la que había caído en 2002 en cesación de pagos asciende a 2284 millones de dólares, lo cual representa un recorte nominal de 2012 millones.
El mandatario provincial destacó que “el gobierno nacional, con su reestructuración, abrió un espacio y marcó el camino para la renegociación de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires” y agradeció especialmente la colaboración del Ministerio de Economía de la Nación, que cerró su propio trato a principios de este año.
El cambio físico de los títulos en default por los de la deuda nueva tendrá lugar el 12 de enero próximo y estará a cargo del Citigroup, designado representante financiero y legal de la provincia en la operación. La quita que consiguió el gobierno bonaerense resulta, por un lado, de una rebaja del 10 al 2 por ciento de los intereses caídos durante los tres años que duró el default y, por otro, de la aceptación por parte de los acreedores de los nuevos títulos con quita de capital y plazos de pago más largos.
Esos nuevos papeles fueron tres: un bono descuento a 12 años con 60 por ciento de quita nominal, un “par mediano” a 15 años con 12 de gracia e intereses crecientes hasta del 4 por ciento anual, y un “par largo” a 30 años, con 15 de gracia e intereses mayores que los otros dos. Según la información oficial difundida ayer, se cubrieron en su totalidad los cupos de 500 y 750 millones de dólares asignados al bono Descuento y al bono Par mediano respectivamente, a lo que se sumaron unos mil millones del Par largo.
El total de la deuda a reestructurar se componía por 2667 millones de dólares de capital y 1629 millones de intereses impagos, y la aceptación a nivel local fue del 99,5 por ciento. El ministro de Economía, Gerardo Otero, aseguró que los bonistas que no aceptaron el canje –con títulos en su poder por unos 213 millones de dólares– “no tendrán otra oportunidad para cobrar sus acreencias”.