El primer país de América latina que incorporó el régimen de capitalización individual fue Chile. En 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se creó el sistema de AFP que luego sería imitado en Argentina. De hecho, Domingo Cavallo y los economistas ortodoxos que lo respaldaban utilizaron aquella experiencia como principal prueba de lo conveniente que era privatizar la seguridad social. Pero el ejemplo se convirtió en pesadilla. Y no sólo aquí, allá también. El régimen previsional chileno sufre una grave crisis y está en proceso de reforma. Una de las principales promesas de campaña de Michelle Bachelet fue cambiar el sistema impuesto hace 25 años, y efectivamente así ocurre. Su gobierno creó una comisión de notables para elaborar un proyecto. Por allí desfilaron más de 50 organizaciones sociales, empresariales y sindicales para aportar ideas al debate.

El gobierno argentino tomó nota de lo que está pasando en Chile. Ese país vuelve a servir de ejemplo, aunque en sentido contrario al original. Los problemas que aparecen descriptos en distintas ponencias son en esencia los mismos que existen aquí: el 50 por ciento de los chilenos no podrá acceder a la jubilación porque no reúne los años de aportes necesarios, la mitad de los que sí aportan capitalizan tan poco que cobrarán por debajo de la mínima, las comisiones de las AFP son muy elevadas y las empresas disfrutan de rentabilidades extraordinarias, hay una alta evasión de aportes previsionales y las mujeres están condenadas a pensiones entre un 30 y 40 por ciento inferiores a las de los hombres.

Igual que en Argentina, la aparición de las AFP se dio en simultáneo con una política de flexibilización laboral extrema. Según datos de la OIT, “sólo uno de cada tres empleos en Chile es decente, es decir, con contrato, cobertura social y remuneración digna”. “El 48 por ciento de los trabajadores asalariados recibe un ingreso menor a dos salarios mínimos”, advierte ese organismo. Los datos son llamativos, teniendo en cuenta que el FMI y los países centrales ubican siempre a Chile como el modelo a seguir. Después de más de dos décadas de crecimiento económico, sólo un tercio de su población tiene un trabajo decente. Eso significa que toda la riqueza generada se concentra en una cúpula.

“El actual sistema de AFP es un negocio privado donde sólo 6 empresas controlan e invierten cerca de 80 mil millones de dólares, lo que equivale al 70 por ciento del PIB nacional”, destaca el documento que elevó la Central Unitaria de Trabajadores de Chile a la comisión que prepara la reforma. “Las utilidades de estas empresas son sobrenormales: 24,8 por ciento en promedio sobre el patrimonio, y en el caso de Cuprum, de un 47,5 por ciento.”

La Asociación de Abogados Laboralistas apuntó que “mientras el reparto y la capitalización colectiva permiten la solidaridad, la capitalización individual es un instrumento por definición no solidario y, por lo mismo, extraño a la seguridad social”. Y agrega un concepto clave: “La capitalización o ahorro individual reproduce las desigualdades: quienes tienen a lo largo de su vida activa capacidad de ahorro lograrán algún nivel de respaldo, quienes ganan salarios o rentas insuficientes y sufren el flagelo de la cesantía, del empleo estacional, informal o precario no generarán la acumulación necesaria”.

En el informe del gobierno de Bachelet esto se advierte claramente: señala que el nivel de cobertura actual determina que “1 de cada 2 afiliados a las AFP dependerá del financiamiento que le otorgue el Estado”. “Sobre 7,3 millones de afiliados, sólo 3,1 millones se encuentra con sus cotizaciones al día, es decir, sólo el 42 por ciento aporta normalmente”, apunta a su vez el Consejo Chileno de Trabajadores Metalúrgicos. Otro dato en la misma línea indica que “en 2025, el 55 por ciento de las pensiones que seentregarán serán menores a la mínima y no calificarán para la garantía estatal”. “La conclusión es obvia –sostiene la CUT– es un sistema perverso que no garantiza en lo absoluto ningún futuro para la tercera edad.”

A pesar de que Pinochet impuso las AFP a los chilenos, excluyó de las mismas a las Fuerzas Armadas. “Si el régimen anterior era malo, deficitario, injusto y una carga para el Estado, ¿cómo conciliar esto con las pensiones que se pagan a los miembros de las Fuerzas Armadas, que son mejores, que se obtienen con menos años de servicios que la del resto de los trabajadores del país?”, se pregunta el Consejo de Trabajadores Metalúrgicos.