“La resolución en el tribunal de La Haya recién empieza y venimos logrando cosas importantes”, remarcó ayer el presidente Néstor Kirchner. Así reforzó la lectura positiva de la decisión adversa a la Argentina que tiene el Gobierno, que en un comunicado oficial rubricado por el mismo Presidente dio dos precisiones de cara al futuro: que se hará lo posible para que los agentes financieros internacionales se abstengan de invertir en las pasteras de Fray Bentos y se avanzará con el planteo judicial del caso más que en una eventual reapertura de la vía diplomática. Todas las voces oficiales que se sumaron a la de Kirchner procuraron tranquilizar a los habitantes de Gualeguaychú.

La línea discursiva del Gobierno la fijó el propio Kirchner. Primero dejó sentada su posición en un comunicado oficial que se dio a conocer en la Casa Rosada; después aprovechó el acto que encabezó en Luján para inaugurar el primer tramo de la autopista entre esa ciudad y Mercedes para hablar personalmente de lo resuelto en La Haya.

“Creemos que hay que defender firmemente los derechos que corresponden a la República Argentina en el marco del derecho, la Justicia y la búsqueda de equidad”, dijo Kirchner delante de los micrófonos y aseguró: “Lo vamos a hacer con toda la dignidad, la responsabilidad y con toda la fortaleza que corresponde”.

En el comunicado firmado por Kirchner, el Gobierno anunció el “pleno acatamiento” a la resolución de la Corte de La Haya, pero lamentó que no se hayan adoptado “medidas preventivas” para preservar el medio ambiente y reiteró “su convicción respecto de que la continuidad de la construcción de los emprendimientos radicados en la localidad de Fray Bentos son susceptibles de ocasionar un daño irreversible a los derechos” de la Argentina. En ese marco, dejó la puerta abierta a “plantear nuevamente una medida provisional en el futuro” para frenar el avance de las plantas de Botnia y Ence y ratificó la “firme decisión de seguir impulsando el proceso ante el Tribunal en pos de una sentencia que reconozca acabadamente los derechos de la República Argentina y evite la contaminación ambiental del río Uruguay”.

Por lo pronto, el Gobierno buscará ponerles freno a las pasteras de otro modo: buscará obstaculizar el financiamiento de los proyectos. El comunicado oficial lo da a entender en el tramo en el que habla de la aspiración “a que el sistema financiero internacional se abstenga de invertir” en los emprendimientos de Fray Bentos, que “por su magnitud, localización y tecnología son incompatibles con la preservación de la calidad ambiental de la cuenca del río Uruguay”.

El comunicado del Gobierno fue difundido por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el canciller Jorge Taiana, y la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, en la Casa de Gobierno. “La Argentina llevó adelante todo lo que debió hacer”, enfatizó Fernández y aportó a la lectura positiva de la resolución de la Corte de La Haya: “Dice que en un futuro –subrayó– es posible una decisión judicial que ponga el cese en los trabajos o la modificación o el desmantelamiento de las obras”. El funcionario también expuso la decisión de “seguir impulsando el proceso” en ese tribunal y aclaró que no está previsto que Kirchner vaya a reunirse a tratar el tema con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en ocasión de la Cumbre del Mercosur, que en pocos días más se celebrará en Córdoba.

La misma aclaración hizo Taiana. Explicó que “nosotros tenemos una instancia judicial en marcha, vamos a desarrollarla y confiamos en que se reconozcan nuestros derechos”.

El canciller insistió en que “el daño que producen las plantas es irreparable” y confió en que “finalmente vamos a hacer prevalecer nuestra posición”. Además, les pidió a los habitantes de Gualeguaychú “que tengan plena confianza que nosotros vamos a recorrer todas las instancias que estén a nuestro alcance para garantizar la defensa de los intereses argentinos” y “evitar la contaminación del río Uruguay”.