Los organismos de derechos humanos, así como también este diario, están recibiendo por estos días a algunos de estos extraños informantes. La obvia desconfianza hace que sean derivados a los juzgados y fiscalías. Y la ausencia de pistas firmes provoca que terminen declarando o prometiendo aportar datos antes de esfumarse. “Todos los días escucho historias similares”, confesó uno de los magistrados del caso. Esos relatos son típicos de los que suelen generar los agentes de inteligencia, en los que un delirio aparece junto a información comprobable en la realidad, según evaluó Guadalupe Godoy, una de las abogadas de López. Y comentó que es el mismo tono de las páginas web de ex agentes o de “seudoperiodistas que consumen información de los servicios”. A modo de ejemplo, un ex miembro del centro clandestino que funcionó en Coordinación Federal afirmó que López aún está con vida, pero enfatizó que sus captores lo matarán si no se destruyen una serie de expedientes que comprometen a represores que hoy gozan de “una buena posición” y están a punto de ser juzgados. El hombre dijo que fue “exonerado” de la fuerza policial, y que ahora pertenece a una agrupación llamada “El último templario”, que se interesa por el “bienestar y la seguridad de la familia”, y, por supuesto, que pretendía la recompensa para dedicarla a “emprendimientos”. Según él, el rescate del testigo no podía ser encomendado a la Policía Bonaerense porque fracasaría. Como propuso hacerlo “con sus hombres, los retirados” y esto resultó inadmisible para la Justicia, envió una carta en la que afirmaba que “el informante se esfumó”. Y nunca más apareció. Más allá de la aspiración a cobrar los 400 mil pesos de recompensa que ofrece el gobierno de Felipe Solá parece haber otras intenciones. Desde el movimiento de derechos humanos vinculado al caso López alertan sobre el riesgo de que los sectores represivos instalen que los organismos tuvieron el dato preciso y no hicieron nada. “Las amenazas del comienzo y ahora esta intensa circulación de información dudosa no tienen otro objetivo más que forzar un nuevo pacto de impunidad para impedir la continuidad de los procesos contra represores”, contextualizó Godoy. “Y cuando el caso empieza a desaparecer de los medios nos tiran una llave, como para que no olvidemos que están negociando y aún no les dan lo que piden”, especuló.