El único caso en que la estructura judicial bonaerense comprobó delitos de corrupción cometidos por un intendente, terminó con la disolución del modelo organizativo que permitió esa investigación. El fiscal general de San Martín Luis María Chichizola y su adjunto Fernando Domínguez separaron a algunos fiscales de los casos rutinarios que abarrotan los tribunales y les dieron espacio y tiempo para investigar los casos más complejos y de importancia institucional, en fiscalías especializadas. También dispusieron fortalecer algunas investigaciones relevantes, como la que involucró al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Para la pavimentación de calles con trabajadores desocupados el intendente creó una cooperativa, en la que designó como directivos a funcionarios de su gobierno, familiares y amigos. Allí se canalizaban aportes de la provincia y de los vecinos mediante créditos del Banco Provincia. La cooperativa no pagaba los certificados a la empresa pavimentadora, que hizo la denuncia en la fiscalía, pero emitía cheques que cobraban allegados al intendente. La fiscalía especializada en delitos complejos a cargo de Edgardo Ledesma demostró que también se fraguaron pedidos de créditos de vecinos con firmas falsas. Cariglino pasó varios días detenido y pese a todos sus intentos por impedirlo la causa ya ha sido elevada a juicio, cuya fecha aún no se fijó. La fiscalía departamental también se distinguió por una serie de iniciativas institucionales: generó un registro de detenidos que se actualizaba con visitas periódicas a las cárceles; ofreció asistencia a detenidos que no eran de su jurisdicción; participó en encuentros con organizaciones vecinales para insertarse en la comunidad; organizó una de las mejores oficinas de asistencia a la víctima de la provincia; confeccionó estadísticas departamentales y puso en funcionamiento una oficina de prensa. Tanta innovación no quedó impune.

Luego de fracasar en el intento de que los intendentes adquirieran fueros contra el arresto como los que disfrutan los legisladores, Cariglino acusó al fiscal de investigaciones complejas Ledesma por abuso de autoridad y a los empresarios denunciantes por falso testimonio y adulteración de documentos públicos. El fiscal de Quilmes Luis Antonio Armella inició una investigación paralela a la de San Martín y terminó acusando a los denunciantes, que fueron detenidos por orden del juez de garantías de San Martín, Oscar Quintana. Ledesma y Quintana ya se habían cruzado en un caso similar: el fiscal solicitó la elevación a juicio oral del actual intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, por la protección de prostíbulos involucrados en la trata de personas, cuando era secretario de gobierno de Aldo Rico; el juez sobreseyó a los imputados.

Armella también promovió el juicio político de Ledesma. La procuradora general María del Carmen Falbo mantiene la incertidumbre desde hace más de un año, sin resolver si lo envía al jurado de enjuiciamiento o lo desestima, pero ordenó un sumario contra el fiscal general adjunto Domínguez y lo apercibió “por comprometer el prestigio de la administración de justicia” (sic). Por su parte Chichizola denunció al juez Quintana y el fiscal Armella ante la procuradora general por mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del derecho en la causa que impulsó Cariglino y ante la justicia penal provincial por prevaricato y privación ilegal de la libertad. Pero en este caso, no fueron investigados ni sancionados, sino ascendidos: Armella a juez federal de Quilmes y Quintana a vocal en la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, pese a que ocupó el octavo lugar en el concurso correspondiente. Chichizola no padeció represalias porque prefirió jubilarse. Pero su adjunto Domínguez fue desplazado a una fiscalía de primera instancia que investiga accidentes de tránsito. Es improbable que allí vuelva a cruzarse con un intendente o un concejal.

Además San Martín fue elegido para la segunda etapa del plan provincial de profundización del sistema acusatorio, que dispone la realización de audiencias orales y públicas en los casos más simples, donde hay personas detenidas por la policía en la calle en el momento de cometer un delito (flagrancias, en la jerga judicial). El plan piloto se había realizado en Mar del Plata, con asistencia del Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la OEA (CEJA) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Los casos más simples se resuelven en pocos días con una audiencia oral preliminar en vez de varios meses como en los trámites ordinarios. Al evaluar el plan piloto, INECIP concluyó que si los funcionarios están bien organizados y se aplican procedimientos que aporten celeridad e inmediación, estos casos simples que constituyen el mayor caudal de una fiscalía y que recaen sobre clases sociales marginadas pueden resolverse con un tercio de los recursos humanos que antes. Esto abre la posibilidad de volcar los otros dos tercios a la investigación de casos complejos, cometidos por violadores más sofisticados de la ley. Pero al aplicar el sistema en San Martín, la Procuración General siguió el camino contrario: suprimió las fiscalías que investigaban delitos sexuales y redujo las especializadas en delitos complejos. De este modo, el 75 por ciento de los fiscales de San Martín quedó encargado de los casos de delitos comunes y de flagrancia, lo cual refuerza la incidencia policial en la determinación de la agenda judicial. La descentralización territorial, que debía acercar la justicia a la comunidad, se llevó a cabo con el mismo criterio perverso. La Procuración General firmó un convenio precisamente con el municipio de Malvinas Argentinas conducido por Cariglino, quien con todo gusto se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías, pagar los impuestos y las tasas, proveer el servicio de limpieza, y reducir así la autonomía del ministerio público para investigar sus actos de gobierno.