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La causa por el llamado Plan Cóndor, la asociación represiva que formaron las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, comienza en 1999 en el juzgado de Adolfo Bagnasco a raíz de las denuncias de familiares de desaparecidos. Algunos casos considerados clave por fuentes judiciales son las detenciones en el centro clandestino de detención Automotores Orletti y sus traslados a Montevideo. Uno de esos casos es el de la desaparición de Sara Méndez cuando estaba embarazada y cuyo hijo, Simón Riquelo recuperó su identidad en marzo de este año.
Luego de juntar pruebas sobre canje de detenidos entre las Fuerzas Armadas de los distintos países, los investigadores empezaron a citar a declaración indagatoria a quienes ocuparon los más altos políticos en cada país. La causa del Plan Cóndor ya estaba en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral cuando se ordenó la captura internacional del ex presidente de Paraguay Alfredo Stroessner, del ex jefe de inteligencia de Chile, Manuel Contreras y la indagatoria del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla por haber formado una “organización criminal que actuó en el Cono Sur destinada y dedicada a la comisión de los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado respectivo”. Asimismo, se hizo el pedido para extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet en abril de 2001.
De todos los pedidos, la única que contestó a la indagatoria hasta ahora es la Corte Suprema chilena para decir que a Augusto Pinochet no lo pueden enviar porque tienen fueros y no se le puede aplicar las leyes de extradición. En tanto, a Videla, que cumple prisión domiciliaria por robo de bebés, se lo indagó por integrar una asociación ilícita calificada a fines de mayo de 2001 y por la desaparición de 52 personas en el marco del Plan Cóndor. Uno de los últimos avances en la causa, que ahora atiende el juez Jorge Urso, fue el aporte que hizo el senador uruguayo Rafael Michelini quien aseguró en mayo de este año que el presidente Jorge Batlle le había dicho que María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, había sido asesinada por personal policial uruguayo, lo que podría provocar la citación del mandatario oriental.