Domingo, 25 de marzo de 2007 | Hoy
EL PAíS › FISCAL ALBERTO NISMAN
–En el año 2005 la Asamblea General de Interpol, siguiendo las recomendaciones del secretario general de la organización y del Comité Ejecutivo, rechazó dar curso mediante las difusiones rojas (una especie de prioridad de búsqueda) a los pedidos de captura que habían sido formulados por Galeano en la causa AMIA. Esa decisión consideró que las órdenes habían sido dictadas por un juez separado de su cargo, acusado de graves hechos de corrupción; por ende, Interpol evaluó que el trabajo hecho en la causa no era confiable, y se rehusó a respaldarlo. Actualmente, a poco más de un año y medio de aquella decisión, con un nuevo equipo de gente trabajando en el caso y tras el fuerte impulso que se le dio a la pesquisa, ese mismo organismo reconoce que ahora las cosas son muy distintas, que esta gestión no tiene nada que ver con la anterior (se habla, de hecho, de AMIA 1 y AMIA 2) y que, de acuerdo con la presentación efectuada por la delegación argentina ante el organismo (que fue calificada por los miembros de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol como “altamente profesional”) los nuevos resultados obtenidos en la causa son serios y merecen el apoyo y el respaldo de la organización. Respaldo que se evidenció en que esos doce países que antes rechazaron la petición argentina ahora la han avalado. No creo que sea muy atinado utilizar la palabra “victoria” para referirse a esta clase de asuntos, pero sí me parece más que evidente que hemos logrado dejar atrás la deplorable imagen que se había dejado en un foro internacional que resulta clave para procurar la detención de los sospechosos.
–Eso no es exacto, y en este tema quiero ser claro para evitar que se siga incurriendo en confusiones. Ante el Tribunal Oral Nº 3 se juzgó sólo un aspecto del hecho, la llamada “conexión local” del atentado, que no guarda ninguna relación con estos nuevos pedidos de captura. Las conclusiones ventiladas en nuestro dictamen relativas a la decisión, planificación y coordinación, desde el exterior, del atentado, jamás fueron objeto de consideración o análisis, ni por el tribunal oral argentino, ni por el juez londinense, que únicamente se limitó a analizar la situación puntual del ex embajador Soleimanpour, y permítame aclararle que lo hizo sobre evidencias y valoraciones que tampoco eran las del doctor Canicoba Corral, sino las del ex juez Galeano. De modo que, a contramano de lo que usted sugiere, ningún órgano judicial, nacional o extranjero, ha tildado nuestras evidencias de armadas o insuficientes. Le diría incluso que ocurrió todo lo contrario: las conclusiones de la Fiscalía fueron ratificadas tanto por el juez de la causa, doctor Canicoba Corral, que las receptó e hizo suyas, como por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que dos semanas atrás sostuvo que la decisión del juez por la que disponía los pedidos de captura estaba suficientemente motivada. Yo comprendo que pueda haber algunos que aún abriguen un cierto escepticismo en esta causa, pero eso no me exime de seguir haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es investigar, con las herramientas que la ley me brinda.
–Lo que dijeron los hermanos del inmolado figura en las declaraciones firmadas por los hermanos del inmolado, de manera que, ante la situación que usted plantea, por fortuna no tendríamos que perder el tiempo especulando qué dijeron o qué no dijeron los Berro. Simplemente habría que leer las declaraciones. Declaraciones que, dicho sea de paso, fueron recabadas y rubricadas ante magistrados y funcionarios judiciales de dos países. Le recuerdo, además, que la conclusión acerca de quién fue el suicida no se apoya únicamente en esas declaraciones, pus a ellas se añaden otras constancias y documentos judiciales que fueron prolijamente enunciados y analizados en nuestro dictamen, en un apartado bastante extenso que no le puedo resumir ahora.
–Por supuesto. No rechazamos ni nos cerramos a ninguna propuesta de avanzar en el caso, provenga de quien provenga. Eso sí: esas propuestas no deberían estar sujetas a condiciones manifiestamente improcedentes, del tipo “los ayudaremos, pero sólo si nos dan su palabra que ningún ciudadano de nuestro país será imputado en la causa”. Ya en el pasado Irán ha hecho una oferta semejante, en un borrador titulado “non paper” que ellos hicieron llegar a nuestra Cancillería. Comprenderá que algo así nos resulta francamente inadmisible. Hecha esa salvedad, recibiríamos con agrado cualquier aporte que los representantes iraníes pudieran efectuar a la investigación. Le digo más: hace tiempo que Irán tiene pendiente dar respuesta a varios de nuestros exhortos, así que creo que sería bueno que la oferta de colaboración comenzara a materializarse por ese lado, ¿no le parece?
–Sin perjuicio que no sea una decisión que le corresponda tomar al Ministerio Público, lo cierto es que en la medida en que exista un consenso generalizado de todos los actores involucrados, y que las limitaciones legales y administrativas pudieran ser superadas, desde el punto de vista de la Fiscalía no haríamos objeciones a una propuesta en tal sentido.
–Les preguntaría a su vez a ellos, entre muchas otras cosas, qué piensan del hecho de que un alto religioso y funcionario de la República Islámica de Irán en la Argentina, el señor Mohsen Rabbani, haya sido fotografiado mientras buscaba camionetas exactamente iguales a las que luego se usaron en el atentado, o del hecho probado de que haya usado su teléfono celular desde las proximidades del sitio donde se estacionó el coche bomba, veinte minutos después de la maniobra. Les preguntaría también qué piensan de su nombramiento, por parte de las más altas autoridades de su país, como agregado cultural de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, cargo que le daba inmunidad diplomática, a tan sólo cuatro meses de la explosión, y pese a que se encontraba en el país, aunque sin inmunidad, desde 1983. Les preguntaría además, qué piensan de la cuenta misteriosa que este señor abrió pocos meses antes del hecho, y de los ciento cincuenta mil dólares que fueron depositados allí desde el exterior, de los cuales la mayor parte se sacaron antes y el resto, poco después de la explosión. Les preguntaría, además, qué piensan de los diferentes testigos que, desde extremos opuestos del arco ideológico, coinciden sin embargo en referir que la decisión de atentar contra la AMIA la tomaron las más altas autoridades iraníes de entonces en una reunión secreta que se celebró en la ciudad de Mashad, en el mes de agosto de 1993; y les preguntaría también qué piensan de los registros migratorios que, en lo que respecta a la concurrencia de Rabbani y Asghari, respaldan esas versiones. Les preguntaría también qué piensan acerca de la increíble cantidad de correos diplomáticos iraníes que, sin justificación aparente alguna, fueron enviados a la Argentina un mes y medio antes del hecho, munidos de valijas diplomáticas que, por supuesto, no podían ser revisadas. Les preguntarían qué piensan de las investigaciones judiciales llevadas a cabo en otras partes del mundo como Alemania, Suiza y Estados Unidos, y que demuestran que, al igual que lo sucedido en el atentado contra la AMIA, para esa época altos funcionarios del entonces gobierno de Irán decidieron llevar adelante acciones criminales en el exterior, incluyendo un ataque masivo con explosivos. En fin, lamentablemente, las propias características de esta investigación nos han acostumbrado a que aparezcan todo tipo de teorías acerca de macabras conspiraciones urdidas para beneficiar a unos o perjudicar a otros. Ahora, según el contexto actual, dicen algunos que es todo una conspiración para invadir Irán. En lo personal, yo no puedo hacerme cargo de las especulaciones que otros quieran hacer a partir de nuestro trabajo en la causa, ni tampoco me corresponde hacer o dejar de hacer evaluaciones que escapen a lo estrictamente judicial. Tampoco puedo dejar de cumplir con mi obligación como fiscal con el pretexto de evitar que terceras personas puedan echar mano de mi trabajo en función de sus intereses específicos. Con ese criterio deberíamos cerrar la causa e irnos cada uno a su casa, pues el riesgo de que alguien pretenda hacer una utilización de las conclusiones nuestras va a existir siempre. El año pasado el juez suizo Jacques Antenen requirió la captura internacional de un ex ministro del gobierno iraní, también involucrado en el atentado a la AMIA (Ali Fallahijan) por el homicidio en Ginebra de un disidente. Fíjese que Antenen también era consciente de que esa medida podía acarrear alguna implicancia política, y por eso comunicó su decisión al ministro de Justicia suizo. Pero no dejó de cumplir con su deber como magistrado. Y eso, precisamente, es lo que intentamos hacer nosotros. Además, estoy convencido de que quien esté honestamente interesado en la verdad de la causa se preocupará más por conocer y analizar nuestras conclusiones que por alimentar trasnochadas fantasías que pretenden presentar a los investigadores argentinos como partícipes de una supuesta confabulación mundial para perjudicar a un país determinado. Es un recurso demasiado burdo, que pretende desplazar el foco de atención de la causa judicial al resbaladizo terreno de la política internacional. Finalmente, ¿a usted le parece serio que una investigación criminal en curso, por un hecho ocurrido hace casi trece años, y que está enderezada contra personas determinadas, pueda ser legítimamente invocada para provocar una invasión?
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