Mauricio Macri lanzó el ultimátum para que antes del 15 de agosto se sancionen las leyes que garanticen el traspaso a la ciudad de la policía, el transporte, la justicia y el puerto “como se comprometió el Presidente”, y desató la polémica que ayer provocó duros cruces verbales entre macristas y kirchneristas. Alberto Fernández acusó de “cínico” a Macri por “mentir” sobre las fechas y compromisos asumidos por el Presidente, y Aníbal Fernández advirtió que el electo jefe de Gobierno “aumentaría los impuestos” para financiar la nueva fuerza de seguridad. En tanto, el macrista Horacio Rodríguez Larreta desmintió la suba impositiva, volvió a reclamar los fondos de la Nación y se preguntó si el ministro de Interior “está loco”; el diputado Eugenio Burzaco reclamó el dinero del juego de la ciudad para solventar la policía, y el jefe de bancada del PRO, Federico Pinedo, insistió con la idea de convocar a un plebiscito. La kirchnerista Juliana Marino justificó el reclamo por el traspaso de los recursos.

Nadie cerró la boca. Aunque la controversia abarca todo el paquete que reclama el macrismo, la disputa se concentró sobre la nave insignia de la embestida lanzada por Macri contra el gobierno nacional: el traspaso de la policía y los recursos económicos para solventarla. El oficialismo sólo está dispuesto a liberar el cepo para que la Ciudad tenga su propia policía, pero no traspasará los efectivos de la Federal ni resignará fondos de la Nación para ponerla en funcionamiento.

“Nada en política es peor que el cinismo y la realidad es que solamente hay que ver la conferencia de prensa que dio Mauricio Macri después de reunirse con el Presidente para saber quién está diciendo la verdad”, sostuvo Alberto Fernández para desmentir el compromiso de Néstor Kirchner con el plazo del 15 de agosto que enarbola el Jefe de Gobierno porteño.

Su compañero de gabinete, Aníbal Fernández, prefirió poner la pelota en campo ajeno. “Yo no tengo dudas” de que la creación de una policía porteña conllevará la creación de nuevos impuestos, respondió el ministro en una entrevista radial, y se preguntó: “¿Cuánto va a aumentar realmente Macri los impuestos para el traspaso de la policía?” Después defendió la postura oficial invirtiendo el interrogatorio. “¿Cómo convence usted a cualquiera de las otras 23 jurisdicciones –provinciales– para que le paguen el servicio?”, preguntó el ministro al periodista.

Rodríguez Larreta fue el encargado de salirle al cruce al ministro de Interior. “No vamos a aumentar los impuestos porque el traspaso de la policía, como dice la Constitución, tiene que hacerse con los fondos. ¿Quién es Aníbal Fernández para no cumplir con la Constitución? ¿Están locos?”, se preguntó el dirigente de PRO.

Otro de los referentes macristas en seguridad, el diputado Eugenio Burzaco, se encargó de describir a donde apunta el jefe de Gobierno electo para proveerse de recursos, cuando advirtió que la mayoría de las provincias administra el juego, sus puertos, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. “Con esa recaudación tienen muchos más recursos para pagar la policía; una posibilidad que no tiene hoy la ciudad”, dijo Burzaco.

“Hay que dar una discusión seria, sin enojos; deberíamos analizar la firma de un convenio entre la Nación y la ciudad para delimitar qué traspaso debe hacerse y cuántos recursos se necesitan”, reflexionó Pinedo en un intento conciliador que no pudo sostener. “Me parece bien hacer una consulta popular nacional y, si los argentinos no aprueban el traspaso de la fuerza con recursos, que se disuelva la Policía Federal y que quede la ciudad sin seguridad”, ironizó Pinedo.

La réplica llegó desde el jefe de la bancada oficialista del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. “La actitud del PRO tiene que ver más con un posicionamiento político en el concierto nacional que con la búsqueda cierta de una modificación de la Ley Cafiero”, dijo y planteó “alejar el tema de cualquier estructura electoralista”.

La única voz disonante en el kirchnerismo fue la de Juliana Marino. La diputada por la ciudad aseguró que “si se traspasara algún cuerpo (de seguridad de Nación a ciudad) debiera ser con recursos, porque así lo establece la Constitución”. Y recordó que “el proyecto que trabajé con (Daniel) Filmus (en plena disputa electoral porteña) así lo plantea”.