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Las acusaciones del Ministerio de Seguridad hacia el interior del propio justicialismo ya tienen su correlato en un proyecto de ley para la creación de una comisión antimafia. Presentado ante el propio gobernador bonaerense por la Comisión Provincial de la Memoria, el texto plantea la formación de una comisión provincial de investigación de redes delictivas vinculadas con estructuras del Estado y/o fuerzas de seguridad. La idea de la comisión es que su par antimafias esté integrado por un grupo de notables de la provincia.
Entre quienes proponen la medida figuran Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, el fiscal Hugo Cañón y el camarista Leopoldo Shiffrin, integrantes de la Comisión de la Memoria. La comisión tendría atribuciones extraordinarias para desanudar la compleja madeja que ataría a policías y políticos vinculados por la recaudación ilegal a través del narcotráfico, la prostitución, el juego y las zonas liberadas para el robo.
Podría, por ejemplo, compulsar archivos y documentación de organismos de seguridad, acceder directamente a las dependencias públicas del estado provincial para requerir elementos de prueba. Los investigadores antimafia estarían habilitados para solicitar órdenes de allanamiento y secuestro, solicitar la producción de informes y hasta encomendar pericias. El inciso habilita a los comisionados a solicitar el auxilio de la fuerza pública, aunque no precisa de cuál de las fuerzas de seguridad.