Desde hoy entrará en vigencia, en cuatro distritos judiciales de la provincia de Buenos Aires, el Fuero Penal Juvenil, que administrará justicia entre los menores de 18 años acusados de haber cometido delitos. La Suprema Corte de Justicia bonaerense, luego de una serie de medidas dilatorias, autorizó que se instrumente el nuevo régimen –aprobado por la Legislatura provincial en diciembre de 2004–, aunque advirtió que todavía “no estarían dadas en su totalidad las condiciones para la puesta en marcha de la primera etapa”, que involucra a los departamentos de La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín. El Fuero Penal Juvenil fue creado por la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente, que derogó el decreto ley 10.067 dictado en 1983 por la dictadura militar. Uno de los aspectos centrales del nuevo fuero es que los jóvenes imputados por supuestos delitos tendrán las mismas garantías procesales que los adultos. El juez no podrá resolver a solas el destino del niño o adolescente, como lo hace hasta hoy. Además, los casos de jóvenes con problemas asistenciales no podrán ser judicializados.

La instrumentación del Fuero Penal Juvenil fue saludada como “un avance interesante” por Nora Schulman, directora del Comité de Aplicación y Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño. De todos modos, señaló la necesidad de “buscar medidas alternativas a los sistemas de encierro, desde la probation a políticas de reeducación y de seguimiento de cada uno de los pasos que tome la Justicia respecto de la situación de los chicos en problemas”. En igual sentido se manifestó Roberto Cipriano, del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que viene denunciando las condiciones inhumanas en las que viven los chicos detenidos en institutos o comisarías.

“Nosotros venimos acompañando la reforma del régimen de niñez, pero lo que venimos notando es que el Estado no ha destinado los recursos que se necesitan para que el nuevo régimen funcione bien. No hay jueces, fiscales ni defensores preparados para este cambio, no existe la infraestructura edilicia que se precisa”, opinó Cipriano. “Tampoco se ha hecho nada para lograr la capacitación de los viejos actores de la Ley de Patronato, que tienen una concepción que no es la adecuada para el nuevo sistema. Los mismos jueces que tienen en la cabeza la Ley de Patronato, difícilmente puedan interpretar y aplicar el espíritu de la reforma”, dijo Cipriano.

La Suprema Corte, que en 2007 había dictado una medida cautelar que impedía la puesta en marcha de la Ley de Protección del Niño y el Adolescente, ahora resolvió comenzar la primera etapa de la experiencia, aunque demoró la partida en el distrito de Trenque Lauquen, que figuraba en el proyecto inicial, por entender que allí “no se encuentran dadas las condiciones mínimas” para la puesta en marcha. Entre agosto y septiembre se anuncia el comienzo en los departamentos judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Mercedes, Morón, Pergamino, San Nicolás y Zárate-Campana, mientras que para octubre y noviembre se haría el lanzamiento en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.

El sistema penal para jóvenes estará integrado por Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal, Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil y de Garantías del Joven, y por el Ministerio Público del Joven. La ley dispone la disolución de todos los juzgados de menores existentes, cuyos titulares se incorporarán al nuevo régimen. Los menores no podrán estar detenidos más de 120 días mientras se lleve adelante la investigación, aunque los fiscales podrán solicitar la extensión del plazo por otros 60 días. Para hacerlo, tendrán que alegar que se trata de delitos complejos o el número de imputados.

La investigación preparatoria estará a cargo de 40 fiscales e igual número de defensores. Las causas serán controladas por 29 jueces de Garantías. La prisión preventiva será una medida excepcional, sólo en casos graves y durante 180 días, pero si se trata de chicos que no cumplieron los 16 años –son inimputables–, el fiscal tendrá que pedir el sobreseimiento. Al juicio oral llegarán sólo los mayores de 16 que puedan recibir una pena de al menos dos años de prisión efectiva.

Nora Schulman insistió en que se trata de “un avance importante que debe ser acompañado por políticas públicas acordes por parte del Ejecutivo provincial”. Roberto Cipriano criticó que todavía “no se hayan formado los consejos locales, en cada municipio, para participar en la creación de políticas de prevención y de protección de los derechos de los jóvenes”. Cipriano advirtió que “si no se trabaja a fondo en la formación de fiscales, jueces y defensores, se corre el riesgo de que el nuevo sistema fracase y comience a ser cuestionado. Este sistema es muy progresista, pero los lugares de detención de jóvenes siguen siendo aberrantes”.