El Gobierno y representantes del grupo Marsans trataron durante toda la tarde de cerrar un acuerdo para formalizar la transferencia de acciones del grupo Aerolíneas Argentinas, que incluye Austral y el resto de firmas controladas. Tal como adelantó PáginaI12 en su edición del sábado, esa cesión voluntaria sería el recurso utilizado para nacionalizar la empresa sin que medie la acción compulsiva de una ley. Sobre esta base, ayer se barajó como hipótesis de trabajo concretar el pase de manos en dos etapas: el Estado tendría a su cargo el gerenciamiento con el 51 por ciento de las acciones y a los noventa días recibiría el resto. Pero hasta el final del día, no se anunció la letra definitiva. El juez Jorge Sícoli, que entiende en el concurso de la línea aérea, citó para las diez de la mañana de hoy a todos los involucrados en el tema, acumulando información mientras no se selle un acuerdo.

Hasta el viernes, el acuerdo bosquejado para esa transferencia incluía la conformación de inmediato de una comisión mixta entre el Estado y los españoles, supeditando el traspaso de acciones propiamente dicho a un paso ulterior, a dar cuando hubiera una cotización de la empresa que surgiera de consultoras externas y del Tribunal de Tasación estatal. Pero la disputa sobre quién nombraría al gerente general dejó el pacto trunco. El Gobierno quiere tener un control directo sobre el manejo de una empresa en la que acaba de poner 50 millones de pesos, auxilio que en los próximos días debería reforzarse por las carencias de la privatizada. Para esa transición, Marsans planteó la misma pretensión.

Los accionistas Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán siguen la historia desde Europa. Por ahora, a la mesa se sientan el gerente financiero y los directores privados, incluyendo a su presidente, Horacio Fargosi. De parte del Gobierno, la negociación tiene un comando múltiple, del que participan Julio De Vido, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Marsans hizo saber en Europa que está dispuesto a irse. En rigor, esta retirada ya comenzó cuando aceptó reducir su actual participación accionaria al 35 por ciento para darle cabida a un eventual socio local. Juan Carlos López Mena fue el único que admitió públicamente intención de arrimarse al complejo negocio. Pero, tal como informó el propio Jaime, esa eventual incorporación quedó trunca por la crítica situación económico-financiera que atraviesa la línea aérea.

Hasta media tarde de ayer, se había avanzado en un acuerdo sobre la base de una contrapropuesta de los accionistas privados. Pero si bien el camino estaba allanado en cuanto a la posibilidad de que Marsans cediera los títulos de propiedad, el diálogo se complicó ante el reclamo estatal de que la firma española declarase su responsabilidad en el actual estado de crisis de la compañía.

Los otros puntos decisivos, como cuál es el valor de esos títulos de propiedad y si habría alguna eventual “compensación” a los accionistas privados o si ésta estaría cubierta con el compromiso estatal de asumir como propia la gran deuda de la empresa, son incógnitas que podrían despejarse en los próximos días. Ricardo Jaime ayer reiteró que las obligaciones ascienden a un total de 890 millones de dólares, de los cuales sólo una parte es exigible de inmediato.

El propósito oficial es evitar mediante un acuerdo de partes la necesidad de tener que enviar un proyecto de ley al Congreso que disponga la reestatización de la empresa, obligada por el hecho de que el Estado ya asumió el pago de salarios y hasta de los leasing de los aviones. En tal caso, las autoridades argentinas podrían aludir al eventual desmanejo de la empresa y los incumplimientos en los planes de inversión anunciados, que comprometen la operatividad. Esta, a su vez, podría enrostrarle a los funcionarios locales no haber otorgado los aumentos tarifarios y las subvenciones prometidas en Madrid con la celeridad que lo reclamaba el mercado aerocomercial, afectando de modo letal su caja.

Mientras esto se resuelve, están pendientes las citaciones que el juez Sícoli despachó a una multitud, que incluye gremios, funcionarios, acreedores y accionistas, con el objeto de reunir información sobre Aerolíneas. El punto de partida de esta convocatoria fueron los pedidos de intervención formulados por Transporte, varios gremios del sector y los directores en representación del Estado, Vilma Castillo y Julio Alak. Estos últimos demandaron concretamente la designación de un interventor y hasta habrían sugerido para cubrir esa función a Héctor García Cuerva, hoy con esas mismas funciones en Racing. Pero de sellarse el acuerdo de cesión accionaria, esta figura podría ser sustituida por la de un gerente nombrado por acuerdo de partes.