El pedido de detención de ocho civiles por crímenes de lesa humanidad era todavía un proyecto que manejaban en reserva el embajador en Washington, Héctor Timerman, y su abogado. Sin embargo, parece ser que uno de los acusados ya lo conocía con lujo de detalles. Los borradores de la presentación judicial, la estrategia y el escrito final, todo esto habría aparecido en la casilla de correo electrónico del estudio jurídico del ex viceministro de Justicia de la última dictadura Roberto Durrieu. Timerman pudo ver el material ayer en directo en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, quien investiga una red de espionaje informático a políticos y famosos. Había sido citado en carácter de víctima y reconoció decenas de e-mails como propios. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, también identificó los suyos y dio testimonio en la causa (ver aparte).

Como Timerman vive en Estados Unidos, era habitual que intercambiara e-mails con su abogado, Alejo Ramos Padilla. Por esa vía, de hecho, armaron y acordaron los detalles de la denuncia en contra de un grupo de funcionarios civiles de la dictadura por el secuestro del padre del embajador, el periodista Jacobo Timerman, ocurrido en 1977. Toda esa comunicación habría llegado a manos del abogado Durrieu, uno de los implicados. En el juzgado de Arroyo Salgado está archivada en un bibliorato que identifica los correos que habría distribuido o pasaron por manos del ex jefe de la SIDE de comienzos del menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, investigado con uno de los eslabones claves de la banda de ciberespías dedicada, según se presume, a comercializar información y conspirar políticamente.

A fines de noviembre del año pasado Ramos Padilla viajó a Estados Unidos para dar una serie de charlas, precisamente, sobre la complicidad de los civiles con el terrorismo de Estado. Su visita incluía universidades, organismos oficiales y ONG. Cuando se estaba por reunir con el titular de Human Rights Watch, Miguel Vivanco, y con una de sus colaboradoras, ocurrió algo extraño: Roberto Durrieu (h) llamó por teléfono a la mujer. “Le dijo que los perseguíamos y que quería ir a Washington a demostrar su inocencia, según nos relataron”, contó Timerman a PáginaI12. “No entendíamos cómo había sido posible que se comunicaran justo en ese momento y contactaran directamente a esa asistente. Ahora quedó claro: tenían toda la agenda que habíamos coordinado por mail”, explicó. La gravedad del episodio, según señaló Ramos Padilla, es “que usaron la información recopilada con un fin específico”.

La denuncia judicial contra los civiles se concretó durante las audiencias del juicio oral contra el ex capellán del Ejército Christian Von Wernich, donde Timerman declaró como testigo. La causa está a cargo del juez platense Arnaldo Cora-zza y no sólo abarca el caso de Jacobo Timerman. A partir de presentaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de numerosas víctimas se extendió a al menos setenta detenciones ilegales producidas en los distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires. En mayo último fueron detenidos el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Justicia Jaime Smart. Durrieu fue fiscal de Estado adjunto en la provincia y su responsabilidad está en plena investigación. Era segundo de Alberto Rodríguez Varela, otro de los denunciados.

Timerman estuvo más de tres horas ayer a la tarde en el juzgado de San Isidro. Había diez biblioratos con e-mails suyos tanto personales como oficiales. Hubo algo en particular que le llamó la atención: “Estos hackers también tenían una obsesión con los temas que tuvieran que ver con la comunidad judía”, describió. Había una reconstrucción de sus actividades e intercambios con todas las instituciones que tuvieran que ver con la colectividad. Desde cuestiones políticas hasta reuniones que relacionadas con el atentado a la AMIA. Un dato escalofriante: para enviar este tipo de información –según pudo ver Timerman en las fotocopias de mails– los hackers utilizaban una dirección electrónica que llevaba el nombre “Kristalnacht45”, por la Noche de los Cristales Rotos, como se denominó al primer pogrom antijudío del régimen nazi.

Como ya reveló este diario, los supuestos ciberspías hacían gala de gustos nazis en sus mensajes. “Hoy es el cumpleaños del Fü-hrer”, decía uno, con iconos nazis adjuntos. “Kristalnacht45” era una de las casillas que, se sospecha, utilizaban Yofre y otro de los principales sospechosos, el agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Velázquez. En ella, los investigadores encontraron también mensajes que reproducían e-mails del canciller Jorge Taiana, del ex vicecanciller Roberto García Moritán, de Alberto Fernández y del embajador argentino en Naciones Unidas, Jorge Argüello. Cuando al agente Velázquez le allanaron la casa, hallaron en su biblioteca dos elocuentes libros, uno junto al otro: Mi lucha, del dictador Adolf Hitler, y Nadie fue, del Tata Yofre.

Por los indicios recolectados en más de un año y medio, en el juzgado sospechan que Velázquez y otro agente de la PSA, Pablo Carpintero, habrían operado como los hackeadores expertos. La PSA depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El dúo de agentes (que antes habrían sido personal civil de inteligencia del Ejército) habría mantenido una estrecha relación con Yofre en la trama del espionaje. También se investiga la participación del general retirado Daniel Reimundes y al responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. La convocatoria a las víctimas para que reconozcan sus e-mails sería un paso previo a los posibles llamados a indagatoria por violación de secretos de Estado.