Desde México, D. F.

El fraude electoral, el narcotráfico y la política se dan la mano nuevamente en México tras una serie de revelaciones que han levantado el avispero entre las dirigencias de los tres principales partidos, en el gobierno federal y en altos personajes de los últimos 20 años. Al mismo tiempo se produce un recrudecimiento de la violencia en el país, luego de que en sólo una semana han sido asesinadas 124 personas.

A 20 años del fraude electoral que impidió por primera vez el arribo al poder de la izquierda, y a dos de que se repitiera la misma historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que mantuvo el poder en México durante 70 años del siglo pasado, reconoce haber devuelto el favor al Partido Acción Nacional (PAN), hoy en la Presidencia de la República gracias a que los priístas aceptaron “una elección fraudulenta” en el 2006, del mismo modo que en 1988 los panistas reconocieron el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, en medio de denuncias de fraude en contra del candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

De aquella lucha electoral de 1988 surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy segunda fuerza en la Cámara de Diputados, que alcanzó su máximo histórico apenas en julio de 2006 cuando su candidato, Andrés Manuel López Obrador, reclamó para sí el triunfo en las elecciones presidenciales, pero fue despojado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, que se instaló como presidente con apenas 0,56% de ventaja en la votación final.

“Nos vimos obligados a aceptar los resultados de una elección fraudulenta en 2006, que impuso a un presidente, en donde estábamos nosotros en la disyuntiva de reconocerlo o desconocer las instituciones; frente a ello, el PRI acudió a asumir su responsabilidad en la asunción de Calderón como presidente”, ha reconocido el diputado del PRI Fernando Castro Trenti.

Esta revelación se da en un contexto de ataques en contra del senador priísta Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales interesados en contender por la Presidencia de la República en 2012. El ex dirigente nacional del PAN, y hoy presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino, lo calificó de personaje “peligroso” y lo acusó de cobrar muy caro su alianza con el presidente Felipe Calderón para sacar adelante los proyectos de la derecha, como por ejemplo la privatización de Petróleos Mexicanos. La iniciativa pudo ser frenada tras la toma de las tribunas legislativas hace un par de meses por el PRD, que obligó al PAN y al PRI a aceptar la realización de una serie de foros que están por concluir.

Pero ahora el propio Beltrones ha denunciado ser víctima de espionaje por parte de la administración calderonista, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que, de hecho, recientemente elaboró una serie de fichas de los principales legisladores de oposición, que incluyen datos de su vida privada y relaciones de negocios, lo que provocó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigiera al presidente Calderón la renuncia de Guillermo Valdés, director de ese organismo, una suerte de policía política.

Calderón no sólo se ha negado a retirar de su cargo a Valdés, sino que éste ha justificado el espionaje a diputados y senadores, señalando que para la administración de Caderón “el Congreso no está exento, no descartamos la posibilidad de que el dinero de las drogas se haya infiltrado en las campañas (de algunos legisladores)”, según declaró al diario británico Financial Times.

Este giro parece corresponder a la estrategia calderonista de legitimación en el poder mediante la militarización del país en el combate al crimen organizado, una batalla que parece más bien perdida, y en la que han muerto más de cuatro mil personas durante su gestión. Tan sólo la semana pasada 124 personas (incluyendo varios menores de edad) fueron ejecutadas en once estados. La violencia parece centrarse en Sinaloa y Chihuahua, debido a una guerra entre carteles de la droga que dejó un saldo de 83 muertos en los últimos siete días.

Así, mientras el presidente Felipe Calderón ni siquiera ha respondido al reclamo legislativo para separar de su cargo al director del Cisen, éste declaró al Financial Times que las instituciones democráticas del país están bajo la amenaza del narcotráfico, cuyos carteles han cooptado a miembros de la policía, del poder judicial y de las instituciones del gobierno.