Son 330 efectivos de la Policía de Mendoza a los que, por problemas de estrés, por sufrir traumas provocados por el desempeño de su actividad diaria o por estar atravesando problemas familiares y laborales, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia les quitó el arma reglamentaria. El equipo de profesionales de la salud que conforman el Departamento de Sanidad policial –organismo que depende de la cartera de Seguridad– decidió llevar a cabo esa medida por considerar que “no cuentan con la fortaleza y el equilibrio emocional suficientes como para hacerlo”, señaló a PáginaI12 un funcionario del ministerio. La orden fue dictada tras evaluar los resultados de exámenes psicofísicos realizado a miembros de la fuerza. Los afectados no fueron cesanteados sino que deberán cumplir tareas administrativas.

Sin excepciones, cada persona que se desempeña en la fuerza de seguridad pública mendocina debe atravesar, al menos una vez al año, una revisión psicofísica para verificar si “se encuentra en condiciones o no de llevar a cabo su labor”, remarcó el vocero del ministerio, Ricardo Funes.

La revisación está a cargo del equipo interdisciplinario –psicólogos, médicos generales, cardiólogos y ginecólogos, entre otros– que conforma el Departamento de Sanidad policial de Mendoza. Los profesionales aplican el examen –que es personal y consta de test psicológicos, análisis clínicos y estudios de resistencia física– “aleatoriamente a lo largo de todo el año sobre los efectivos que integran el cuerpo policial”, sostuvo Funes.

Según fuentes de la cartera de Seguridad, los profesionales del equipo consideraron que 330 policías de los 7500 efectivos que conforman la fuerza “no estaban en situación de equilibrio emocional para poseer un arma”. En ese grupo están incluidos tanto los que “no cuentan con integridad emocional para hacerlo, como los accidentados o los que poseen una causa judicial abierta”, explicó Funes.

Sin embargo, aseguró que la cifra “no es alarmante ni afecta el correcto funcionamiento de la fuerza policial”.

El 80 por ciento de los policías afectados por la medida “sigue trabajando en tareas administrativas –aseguraron desde el ministerio–. Se trata de personas que se encuentran bajo una intensa situación de estrés provocado por problemas familiares y laborales o que están atravesando alguna clase de trauma, causados posiblemente por gajes del oficio”.

En un mes, deberán presentarse ante los profesionales de Sanidad policial para someterse nuevamente a la revisación. Si ya han superado sus problemas, se les devolverá el arma. Por su parte, aquellos que presenten irregularidades judiciales recién recibirán lo que les fue quitado “cuando normalicen su situación judicial”, sostuvo Funes.

En tanto, el otro 20 por ciento nuclea al personal accidentado o “demasiado comprometido emocionalmente, que necesita sí o sí de tratamiento psicológico”, señalaron fuentes del organismo.