La investigación sobre presuntas inhumaciones clandestinas en el Jardín Botánico arrojó ayer su primer resultado. Munidos de palas y cepillos, un equipo de funcionarios judiciales acompañados por miembros del Equipo de Antropología Forense encontraron bajo tierra dos urnas que podrían contener restos humanos. Estaban junto a la cerca que da a la avenida Santa Fe, en el predio que está clausurado desde el 27 de junio último, por denuncias de corrupción. El hallazgo fue confirmado por fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad y de la Policía Federal, mientras que el carácter de su contenido deberá ser determinado por los peritos forenses. Los lugares donde se produjeron los hallazgos fueron señalados por los dos trabajadores que denunciaron las iregularidades hace tres meses y que recibieron a cambio una sanción: uno de ellos fue suspendido y el otro está cesanteado.

El caso fue adelantado por PáginaI12 en la edición del 26 de junio. Allí se daba cuenta de la existencia de una organización que se habría dedicado a alquilar las instalaciones del Botánico para su uso en filmaciones publicitarias o a cobrar dinero por hacer inhumaciones clandestinas. La denuncia fue realizada por dos empleados: Alberto Barrientos y Juan Marcos Neyra. El primero se encuentra separado de su cargo, mientras que el segundo fue cesanteado. Ambas sanciones se produjeron poco después de que presentaron la denuncia.

La primera denuncia fue presentada en abril, pero el caso no avanzó. Los hechos se precipitaron una vez que tomó estado público. El día de la publicación en este diario, el gobierno de Mauricio Macri se convirtió en querellante y la Justicia ordenó la detención de dos personas; al día siguiente la jueza Liliana Berdion de Crudo procedió a la clausura del Botánico y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tras convocar a “desterrar la corrupción aberrante”, echó al jefe del Botánico.

Cuando la causa no parecía tener destino, ayer, la jueza Berdion de Crudo convocó a los dos denunciantes para que señalen los lugares precisos donde se habrían hecho enterramientos clandestinos. “Se sacaron dos urnas, una de metal y otra de madera, con dos placas con nombre en cada una”, relató a PáginaI12 Juan Marcos Neyra, uno de los denunciantes. Neyra, que trabajaba en el Botánico desde el 1º de marzo de este año, no alcanzó a ver ninguna inhumación, pero relató lo que le había contado su compañero Barrientos.

“La urna de madera estaba desfondada. Las abrieron y había huesos”, relató Neyra. Y contó que se hicieron otras excavaciones en el jardín, “como diez”. Las excavaciones continuaron y, siempre según el denunciante, permitieron encontrar más huesos. “Una de ellas se hizo debajo de una acacia negra: se sacó el árbol y debajo de las raíces había más huesos y dentaduras”, agregó el denunciante.

La información fue confirmada en parte por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en base a informes policiales: una fuente ratificó el hallazgo de las urnas funerarias, pero no confirmó su contenido ni los de las otras excavaciones. Los elementos secuestrados fueron trasladados a la Morgue Judicial.

“Estoy muy mal, porque volví al lugar donde trabajaba y mientras toda la delincuencia sigue laburando ahí, yo estoy sin trabajo”, dijo a PáginaI12 Neyra, despedido el 19 de abril, poco después de haber presentado la denuncia. “No me quedó nada, mis hijas y mi esposa están mal de salud, y tuve que vender la cocina para poder comer”, se lamenta.

El procedimiento se realizó después de que se formulara una ampliación de la denuncia: lo hizo Carlos Pisoni, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que preside el legislador Juan Cabandié (Frente para la Victoria). En esa presentación, Pisoni reclamó que fueran citados a declarar los trabajadores que habían presentado la denuncia.

El ministro de Ambiente y Espacio Público había minimizado en un principio la denuncias: “Lo de los huesos no existe”, dijo. Dos días después cambió de opinión y echó al director del Botánico, Carlos Cosentino.

En la causa hay dos detenidos: el jefe operativo del lugar, Roberto Logiudice, y su secretaria, Graciela Boultrin. Las demoras en adoptar medidas dieron pie a un pedido de informes presentado por Cabandié.